El oficio lo remitió este 20 de febrero el contralor Pablo Celi a los consejeros del CNE, en el cual reconoce que la institución del sufragio se encuentra en “periodo electoral”, y según el Código de la Democracia ninguna “entidad extraña” a la organización del proceso puede intervenirla.
No obstante, Celi le señala que ante varios “pedidos ciudadanos” de que se haga un examen especial que “permita garantizar la necesaria transparencia, seguridad jurídica, legitimidad, adecuado uso de los recursos y coadyuve a la generación de un ambiente de confianza requerido en el actual proceso electoral, solicito que se adopte una resolución que posibilite el inicio de una auditoría informática, antes de que se lleve a cabo la segunda vuelta electoral”, expresa el documento.
El objetivo es dar seguimiento a las recomendaciones que la Contraloría realizó en agosto del 2020 a un examen especial al sistema de conteo de votos, y “realizar una auditoría al sistema informático utilizado en la presente elección, cuyos resultados serán presentados en un término no mayor a 20 días”.
El 11 de febrero pasado, Pérez acudió hasta la Contraloría para solicitar que se realice una auditoría forense al sistema de escrutinios del CNE, por las presunciones que tiene de que se habría dado un fraude electoral que lo afectó en su votación.
Planteó que se revise el proceso de escrutinio en siete provincias en los que tendría afectación como Guayas, Pichincha, Los Ríos, Manabí, El Oro, Esmeraldas y Bolívar. (I)
