Un gran impacto en la conservación de especies en “peligro de extinción grave”, en las Islas Galápagos, provocó el robo de 123 crías de tortugas gigantes registrado el 27 de septiembre de 2018 en el centro de crianza “Alfonso Tupiza”, de la isla Isabela. Así lo determinan los peritajes científicos que sustentan la investigación de dos delitos: contra la flora y fauna silvestres, y asociación ilícita, que lleva adelante la Fiscalía de Santa Cruz.
El fiscal de la unidad Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti), Errol Elizalde, investiga si los autores de estas infracciones son los propios funcionarios del Parque Nacional Galápagos en asociación con traficantes internacionales. “Se logró determinar que las tortugas fueron sustraídas en forma sistemática (periódica) desde hace mucho tiempo. Podría tratarse de una organización que operaría entre las personas que estaban en la obligación de cuidar, controlar y supervisar las actividades en esa entidad”, señaló.
De acuerdo a su investigación, dicha entidad pública reportó la sustracción de las 123 crías de las especies Chelonoidis vicina y Chelonoidis guntheri, tres días después del suceso. Como antecedente a este hecho, sus autoridades tampoco presentaron una denuncia por un faltante de tortugas en 2017, pese a ser un delito grave, lo que también es indagado por la Fiscalía.
El expediente, de catorce cuerpos, recoge indicios periciales científicos, como de reconocimiento e identificación de las especies, reconstrucción de los hechos y análisis genético a tortugas. A esto se suman documentos proporcionados por el Parque Nacional, entre ellos actas de entrega-recepción de funcionarios que mostrarían inconsistencias en las fechas de suscripción, en el número de individuos reportados, así como en sus tamaños y pesos, de acuerdo a un parte informativo de la Policía Judicial.
Finalmente, se incluyó una triangulación de llamadas telefónicas entre funcionarios de dicho Parque y otros ciudadanos, un análisis de conexiones y las versiones de seis personas que podrían tener participación en esta infracción. En ese sentido, no se descartan nuevas vinculaciones al caso.
Con estos elementos de convicción, el fiscal Elizalde formuló cargos el pasado 17 de mayo contra los guardaparques Fernando F. G., y Daniel T. T., por considerar que su conducta estaría encuadrada en un presunto delito de asociación ilícita para cometer el delito de tráfico de especies.
El juez Ramón Abad Gallardo dispuso medidas sustitutivas a la prisión preventiva contra ambos ciudadanos, por tratarse de funcionarios públicos, así como su presentación periódica ante autoridad judicial y la prohibición de salida del país.
Por otro lado, el segundo expediente por el presunto delito contra la flora y fauna se encuentra en fase de investigación previa, por lo que están en curso varias diligencias.
Dato
Este caso se procesa con base en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece la asociación ilícita cuando dos o más personas se asocian con el fin de cometer delitos y que está en concordancia con el artículo 247 de dicho cuerpo legal (delitos contra la flora y fauna), que sanciona a la persona que capture, transporte, trafique o comercialice especímenes o sus partes, productos y derivados, de la fauna silvestre terrestre de especies amenazadas, en peligro de extinción, listadas a escala nacional por la autoridad ambiental, así como instrumentos o tratados internacionales ratificados por el Estado ecuatoriano. (I)
