Babahoyo.- La aplicación del procedimiento para allanamientos policiales en instituciones educativas, con la finalidad de combatir el microtráfico de sustancias estupefacientes, garantizando la protección de Derechos de niñas, niños y adolescentes, fue uno de los principales temas, que se abordó en la mesa de trabajo que se realizó la mañana de este miércoles 29 de mayo, en Babahoyo.
La reunión fue convocada por la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Los Ríos, en la cual participaron las principales autoridades que conforman el sistema de justicia, directores distritales del Ministerio de Educación y representantes de los Consejos Cantonales de Protección de Derechos de Los Ríos.
Esteban Saltos Haon, Director Provincial de la Judicatura de Los Ríos, informó que en coordinación con las autoridades de Educación, se establecerá un cronograma para que la Judicatura junto a las demás instituciones del sector justicia, capaciten a la comunidad estudiantil sobre la prevención en el uso de sustancias estupefacientes.
“Además, hemos invitado a jueces de las Unidades Penales. Adolescentes infractores, Fiscales y Presidente de la Corte de Justicia para que aporten con sus criterios jurisdiccionales y se garantice en todo momento los Derechos de los estudiantes”, informó.
El Gobernador de Los Ríos, Camilo Salinas, manifestó que los controles en el interior de los planteles se realizarán con la autorización expresa de los padres de familia.
«La propuesta que se está planteando es buena, pero debemos contar con el apoyo de los padres de familia, sin ellos no podemos proceder a la revisión de los alumnos pero los allanamientos a los establecimientos si se pueden hacer, pese a eso vamos a empezar una socialización exhaustiva para que los padres de familia conozcan el trabajo que se va a hacer y no se sorprendan», afirmó.
Además, durante la jornada se analizaron estrategias para el fortalecimiento de la aplicación del modelo de flagrancias en las Unidades Judiciales. Así como la entrega inmediata de las medidas de protección a víctimas de violencia de género. (I)
