Quito.- El pedido fue presentado a la Judicatura por parte de la Mesa por la Verdad y la Justicia luego de hacer público su informe preliminar, en el cual se establecen 247 casos verificados. El gobierno de Rafael Correa es el principal acusado.
A tres meses y 20 días de formalizada la creación de la Mesa por la Verdad y la Justicia: Perseguidos Políticos, Nunca Más, sus integrantes presentaron este lunes 10 de diciembre el informe preliminar.
El definitivo estará listo en enero. En el documento, que será enviado desde este martes 11 de diciembre a los organismos de los derechos humanos, universidades, familiares de las víctimas e involucrados, se determina que 1.435 casos fueron registrados o denunciados.
De esa cifra, 300 reunieron los requisitos exigidos por la mesa y de estos 247 fueron verificados, por lo que hay información definitiva y completa. El 90% de los casos de presunta persecución política se cometió en el gobierno del expresidente Rafael Correa, explicó el titular de la mesa, Paúl Jácome, al precisar que en 2010 se registró la mayor cantidad con 85; seguidos por 2012 con 35, 2015 con 25, 2016 con 20 y 2011 con 19.
Admitió que antes y después del régimen de Correa también se registraron casos, pero no en la magnitud de los 10 años del correísmo. Precisó que en cifras las otras más altas son cinco en 2003, cuatro en 2008 y ocho en 2018. Jácome explicó que de los 247 casos verificados, 196 son hombres y 51 mujeres, el 67% mestizos y el 10% indígenas.
Sobre la edad, explicó, a diferencia de lo que sucedía en gobiernos anteriores en que los perseguidos políticos eran estudiantes y jóvenes revolucionarios, ahora las edades van de 30 a 60 años en el 77% de los casos. Esta cifra va ligada a todos los casos verificados, el 59% de los afectados era profesional, el 15% agricultor o ganadero y otros grupos sociales en menor escala. Persecución sistemática La vocal del Consejo de la Judicatura (CJ),
Angélica Porras, quien trabaja con la mesa, explicó que de la información obtenida hasta la fecha, está definido que la persecución que se vivió en el país se dio de una forma sistemática, estructurada y fue brutal contra las personas procesadas.
El correísmo, dijo, construyó la imagen de un Estado víctima y aplicó una “exagerada gravedad” de los tipos penales. La judicialización se acompañó con intimidación a familiares, secuestros, y se utilizó la figura del indulto y el pedido de disculpas públicas para otorgar “perdón” y archivar procesos. (I)
Fuente: El Telégrafo
