Quito.-El trabajo de la Asamblea va a paso lento. Los temas coyunturales le ganan a la agenda legislativa que se plantearon hace cinco meses, luego de la transición que sufrió el Parlamento con el cambio de José Serrano por Elizabeth Cabezas al frente de la institución.
Cabezas y los jefes de bloque concretaron una agenda que contemplaba la aprobación de 48 proyectos de ley hasta mayo de 2019. De este grupo se esperaba tramitar al menos 20 proyectos hasta septiembre; sin embargo, previo al receso legislativo, a mediados del mes pasado, la titular de la Función Legislativa reconoció que han aprobado nueve proyectos de ley.
Ahora un nuevo tema ‘distrae’ a los asambleístas: las denuncias del cobro de diezmos a los asesores y asistentes. Algunos ya están en la Fiscalía. Ahora este tema preocupa y Cabezas convocó a reunión del Consejo de Administración legislativa (CAL) y a los jefes de bancada para ayer en la tarde y buscar una salida.
Ahora todos los bloques ya hablan de autodepurarse, y “que no habrá espíritu de cuerpo si se comprueba estos actos de corrupción”. Todos esperan primero un pronunciamiento de la justicia.
El jefe de bloque de CREO, Homero Castanier, dijo a este medio que el tema debe hacerse público y llegar a sancionar “con la destitución” del asambleísta que incurrió en esto.
Criterio que es compartido por el asambleísta Héctor Muñoz, de SUMA. Él, al igual que otros asambleístas, cree que se debe esperar a que la justicia se pronuncie y tomar decisiones. “Si la justicia confirma las denuncias, estos malos asambleístas deberían renunciar, de no hacerlo separarlos”, aseveró.
A todo esto se suma la falta de Fiscalización. Proceso que tiene más tropiezos que aciertos. El dejar dos juicios políticos en el limbo ocasionó que se anuncie que el trabajo de la Comisión de Fiscalización será evaluado. La evaluación hasta ahora no se cumple, y al parecer, tampoco se hará.
