Hasta los ahorros caseros cuentan pero aún no son evidentes. El Ejecutivo limita de a poco los arrendamientos de bienes en el sector público por mandato del presidente de la República, Lenín Moreno. Las autoridades a cargo del control incrementaron los requisitos para permitir que se alquilen oficinas y edificios. Pero el número de solicitudes aprobadas aún es considerable.
El resultado de la política de reducción de arriendos, que inició con el Decreto Ejecutivo 135 de septiembre del año pasado y se reafirmó en abril, está en manos del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar). Su último informe muestra que, hasta junio de este año, negaron nueve solicitudes de arrendamiento porque no se cumplió con todos los requisitos.
Se negaron autorizaciones porque los montos solicitados sobrepasaban los estimados por Inmobiliar. Además, se confirmó que se podían utilizar instalaciones públicas.
El número de aprobaciones, sin embargo, supera en gran medida a las negaciones. De septiembre de 2017 a junio de 2018 se calificaron favorablemente a 482 pedidos de arrendamiento. En Azuay, Cañar, Morona Santiago, El Oro, Loja y Zamora Chinchipe se registraron la mayor cantidad de solicitudes.
Entre Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Bolívar y Galápagos, en cambio, solo hubo 80 pedidos. Todos fueron aprobados.
Según las autoridades, las aprobaciones se hicieron luego de verificaciones técnicas, presupuestarias y legales.
