Un alud que, el pasado miércoles, provocó cinco muertes, de cuatro mujeres y un menor de edad, en una mina del sector Balzar de Los Ajos, volvió a dejar en evidencia el supuesto descontrol que existe en la frontera norte de Esmeraldas en cuanto a la minería ilegal. Por ello, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de San Lorenzo solicitó un informe de los permisos otorgados para explotación minera en la zona.
Jesús Constantino, dirigente de una asociación de mineros de la zona norte, indicó que están vigentes desde el 2011 las medidas cautelares que dictaminó el Juzgado Multicompetente de San Lorenzo contra varios frentes mineros.
Esa disposición legal fue revisada en el 2018 por denuncias de grupos afroesmeraldeños y activistas, en la cual se exhortaba a los municipios de Eloy Alfaro y San Lorenzo a la reparación ambiental y atención en las zonas afectadas por la intervención minera, recordó el dirigente.
Pero las actividades mineras, en su mayoría ilegales, han seguido sin control. Entre San Lorenzo y Eloy Alfaro operarían unos 50 frentes mineros pese a la prohibición estatal y la vigilancia de las Fuerzas Armadas, según Constantino.
El alcalde de San Lorenzo, Gleen Arroyo, citó la necesidad de tener un informe real de los permisos emitidos por las instituciones responsables de la regulación minera en la zona.
Dirigentes de estas comunidades denunciaron que la actividad minera se intensificó durante la emergencia sanitaria. “La situación es aún más crítica para estas comunidades que carecen de agua potable o apta para el consumo humano, pues, en medio de la cuarentena, los tanqueros no llegaron a proveerles de agua limpia”, relató Martín Valencia, dirigente de la comunidad Durango.
Patricio Pazmiño, jefe del distrito policial de San Lorenzo, dijo que en la zona de Los Ajos operarían tres frentes mineros de dimensiones similares donde ocurrió el derrumbe. Estarían cerca a la línea antigua del ferrocarril, que es utilizada para transportar el material aurífero con acémilas.
Los agentes policiales pudieron constatar niños laborando con sus familiares, en condiciones precarias, señaló.
La muestra es que, por el derrumbe, entre los cinco fallecidos consta un niño.
En el sitio del alud estaban laborando unas diez personas en el lavado artesanal del material aurífero. El informe policial cita que la gente comentó que en ese momento se produjo el deslizamiento de tierra de aproximadamente unos 70 metros cúbicos que los cubrió.
Con una retroexcavadora que operaba en el sitio se rescataron tres cadáveres de sexo femenino la tarde del miércoles. Como faltaban dos, se organizó con la comunidad una nueva intervención, y con la máquina se localizaron los otros dos cuerpos, el de una señora de 50 años y el menor de 12, ya al anochecer.
Las víctimas son Vanessa Alexandra Vivero Caicedo, de 23 años; Johana Izquierdo Cortez ; Nahomi Anahí Izquierdo Nazareno, de 20; Daysi Mina Quintero, de 37, y Segundo Caicedo Mina, de 13 años.
Este jueves, las autoridades cantonales y provinciales seguían con reuniones y un equipo se desplazó a Los Ajos. Insistieron en lo resuelto por el COE: “Requerir la realización de la mesa sectorial en San Lorenzo, en la cual se exija la presencia de las autoridades involucradas en el tema de minería, tales como Arcom, Ministerio del Ambiente, Ecuador Estratégico, Secretaría de Gestión de Riesgos, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Salud”, para tratar el tema en forma global.
«Vemos un descontrol terrible en la zona»
Patricio Pazmiño, jefe de distrito de la Policía en San Lorenzo, testimonió lo que sucede en la zona minera:
“En unas 15 hectáreas, aproximadamente, observamos minas aluviales con un río contaminado y una sustancia de color verde. En el sitio de la tragedia encontramos unas 200 personas que habitan en comunas cercanas, extrayendo el material aurífero con herramientas artesanales y bateas…
Vemos que hay un descontrol en la explotación minera y una deforestación terrible, y tenemos que lamentar la muerte de cinco personas. Se evidencia el trabajo ilegal e infantil; pido al COE y más entidades intervenir en la zona.
Lo que llama la atención es cómo llega la maquinaria pesada (retroexcavadoras) a estos lugares de difícil acceso. De los comentarios de los obreros que escuchamos durante las dos horas de camino, relatan detalles que no les pagan, que extraen dos gramos de oro y que lo venden en el mercado negro a doce dólares cada gramo. Por ahí una señora comentó que la necesidad de fuentes de empleo les obliga a esta actividad. Aquí debe haber la presencia del Estado y autoridades…”. (I)
