Vivieron la violencia en su hogar y en unos casos resultaron heridos y fueron testigos del crimen de sus madres a manos de sus padres, padrastros, familiares o de las parejas sentimentales de ellas. Otros en cambio las vieron en un ataúd tras recibir la desgarradora noticia de que no volverían a tener sus cuidados, su compañía, su guía, sus abrazos…
Son los huérfanos que quedaron tras los femicidios de sus madres, el delito con el que se sanciona la expresión más extrema de la violencia en contra de la mujer por el hecho de serlo o por su condición de género.
Y hay casos en que los hijos se quedaron sin ambos progenitores, ya que unos se suicidaron tras matar a las mujeres; otros están en prisión y otros huyeron para no responder a la justicia.
En Ecuador no hay una cifra estatal oficial que exponga cuántos menores han quedado en la orfandad desde que en el país se tipificó este delito, en agosto del 2014; cuántos son hermanos; cuántos tuvieron apoyo psicológico y otras medidas que intenten reparar en algo el trauma y el vació que deja la ausencia de sus madres.
No obstante, desde la sociedad civil, la Alianza para el Mapeo de los Feminicidios en el Ecuador, que agrupa a siete organizaciones que desde el 2017 intenta hacer un registro de este delito ante su repunte, recabó parte de aquella información y la plasmó en un mapa.
La información, cuentan sus representantes, no es completa. Hay subregistros y faltan datos sobre todo de los años 2014, 2015 y 2016, pero es una muestra del impacto que causan los femicidios en el país, esta violencia extrema cada día termina con más vidas de mujeres.
En este registro de la sociedad civil hay 1.095 huérfanos por femicidios en Ecuador desde el 2014 hasta el 2020. De esta cifra, al menos 570 (más del 50% del total) están en las provincias de Guayas (con 251), Pichincha (con 166) y Manabí (con 153), las que más habitantes concentran en el país.
Estos menores de edad son los hijos de al menos 445 víctimas de este delito.
Los gremios de la sociedad reportan 850 femicidios en todo el país entre enero del 2014 y diciembre del 2020, aquí incluyen todos los registros de muertes violentas en contra de mujeres. Y aquellos datos se exponen en mapas que elabora esta alianza y que hace visible esta problemática también por provincias.
La Fiscalía General de Ecuador registra a 479 víctimas de femicidios en casi siete años, desde el 10 de agosto del 2014, que entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y con ello la tipificación de este delito, hasta el 30 de mayo de este 2021.
Y en ese mismo lapso (casi 7 años), la Fiscalía expone que hay 1.166 muertes intencionales (fueron con voluntad de acabar con sus vidas) de mujeres en Ecuador. De estas, la mayoría, 571, fueron por asesinatos; seguida de los femicidios, con 479; de los homicidios, con 102, y del sicariato, con 14.
Pero no se habla de sus hijos o de los huérfanos que quedaron.
En el mapa que expuso en días pasados la Alianza para el Mapeo de los Feminicidios en el Ecuador, además de ubicar a 1.095 huérfanos por este delito en Ecuador, se analiza también la tasa de incidencia de la orfandad por cada 100.000 habitantes.
Así, Sucumbíos, con 2,2, y Santo Domingo de los Tsáchilas, con 2,1, son las provincias con la mayor tasa de orfandad por femicidios de acuerdo a su población.
La carrera de Ingeniería Geográfica de la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE) y la Fundación ALDEA elaboran estos mapas, como parte de un proyecto de vinculación con la sociedad, cuentan representantes del gremio.
“Desde el 2017 estamos intentando hacer un registro de los femicidios porque vimos un repunte de estos casos y de la violencia. Hemos hecho varios esfuerzos como sociedad civil…, uno de esos datos es el de los hijos… Hay vacío enorme (por parte del Estado) en cuanto al seguimiento de hijos e hijas víctimas de femicidios… La tarea pendiente (del Estado) es cómo concretar la política pública que dice que va a reparar el daño, que llegue a esos hijos e hijas y que no quede en el papel. El Estado debe encontrar el mecanismo para hacer la entrega del bono (que se ofreció)”, dice Geraldine Guerra, de la Alianza para el Mapeo de los Femicidios en Ecuador.
Tras un femicidio quedan graves consecuencias en los menores y en sus entornos, sostienen expertos, ya que muchos de estos pasan a vivir en otros ambientes, con abuelos, tíos, hermanos mayores, parientes más lejanos e incluso con familiares del implicado en el asesinato de su mamá. Y hay casos en que los hermanos son separados porque una misma familia no puede hacerse cargo de todos. Otros, al no tener quién pueda cuidarlos pasan a manos del Estado, a vivir en hogares estatales hasta que cumplan la mayoría de edad, 18 años.
Además de asumir la responsabilidad de criar a los niños que se quedaron sin sus mamás hay otros factores que impiden “aliviar en algo” aquel dolor o que se le restituyan sus derechos, como los escasos recursos que tienen quiénes los acogen y los traumas que quedan en los menores.
La mayoría de estos niños no reciben tratamiento o ayuda psicológica para tratar de superar aquel trauma y salir adelante sin sus madres, cuentan representantes de instituciones defensoras de los derechos de la mujer y de la familia.
“Queda un vacío que no se llena. Por un lado, pierden a un ser amado… Y sus vidas cambian, principalmente en los adolescentes, es más difícil adaptarse a otros medios familiares… Entran en depresión, han caído en drogas, en pandillas. Muchos son víctimas de violencia… y luego repetirán lo mismo con sus hijos y familias”, cuenta Annabelle Arévalo, psicóloga del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam).
Ella y la entidad en la que trabaja atienden de cerca y ayudan a familias víctimas de la violencia. Cuenta que lo más triste es cuando estos niños y adolescentes, huérfanos por los femicidios, caen en pandillas y drogas.
Sostiene que en Ecuador no hay políticas públicas integrales destinadas a la educación, a la protección y la prevención de la violencia de género, así como a la reparación de los derechos vulnerados, como en el caso de los niños huérfanos.
Incluso, dice, no se logra romper con este círculo intergeneracional de violencia, donde 6,5 familias de cada diez viven en violencia, según encuestas nacionales.
