El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó al Estado ecuatoriano que inscriba el matrimonio del activista político Yaku Pérez Guartambel con Manuela Picq ante el Registro Civil, al haberse determinado un acto de discriminación.
En el 2017, Pérez Guartambel, excandidato presidencial, presentó una denuncia ante el Comité porque el Registro Civil se negó a reconocer su matrimonio que fue oficiado ante autoridades indígenas del pueblo kichwa kañari en el 2013 con Manuela Picp, una periodista de nacionalidad brasileña y francesa.
En el 2015, la pareja fue arrestada durante una protesta en el gobierno de Rafael Correa y se le revocó la visa a Manuela Picq, quien abandonó el país.
Los recursos judiciales de Yaku Pérez en contra de la decisión de las autoridades también fueron rechazados, recoge la ONU.
De esta forma, el Comité concluyó que el Ecuador violó su obligación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial al no haber reconocido su matrimonio, lo que “constituye un acto de discriminación que le impide gozar de los mismos derechos civiles que aquellas personas cuyos matrimonios son oficiados por el Registro Civil”, indicó uno de los miembros de esta instancia, Michal Balcerzak.
Se recordó que la Constitución ecuatoriana define al Estado como intercultural y plurinacional, “lo que debe garantizar a los pueblos indígenas derechos colectivos que les permitan mantener y fortalecer libremente su identidad, tradiciones ancestrales y organización social” y que “los pueblos indígenas tienen derecho a aplicar sus leyes consuetudinarias en virtud de su derecho fundamental a la libre determinación”.
Finalmente, el organismo internacional pidió al Ecuador que inscriba el matrimonio celebrado por autoridades indígenas en el Registro Civil, que lo indemnice y le pida disculpas por la violación de sus derechos.
Se exhortó a evitar hechos similares, para lo cual el Ecuador debe modificar su legislación para reconocer y registrar matrimonios oficiados por autoridades tradicionales indígenas de conformidad con su derecho consuetudinario.
Balcerzak agregó que el haberse negado a reconocer este matrimonio y pedirles que vuelvan a casarse en el Registro Civil es “discriminatorio” y “podría contribuir a poner en peligro prácticas culturales y equivaler a una asimilación forzada”. (I)
