Las reformas al Código de la Niñez plantean que el COIP despenalice la interrupción del embarazo en mujeres hasta los 18 años, víctimas de agresión sexual.
Cada día, en Ecuador, siete niñas entre 10 y 14 años dan a luz. Las probabilidades de que mueran durante el parto son tres veces mayor frente a una mujer adulta.
Datos señalados por Virginia Gómez de la Torre, miembro de Fundación Desafío, una de las organizaciones que en 2019 impulsó la despenalización del aborto por las causales de violación y incesto, estupro o inseminación no consentida.
Tras la votación en la Asamblea Nacional, se negó la despenalización con 65 votos a favor, 59 en contra, siete ausentes y seis abstenciones.
Vuelve debate con exclusiones
La despenalización del aborto en caso de violación volverá a debatirse en la Asamblea Nacional, luego de que la Comisión que atiende temas y normas de la Niñez y Adolescencia aprobó el informe para segundo debate del Código de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que contiene 700 artículos.
La titular de la Comisión, Encarnación Duchi, explica que se plantea reformar el artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), para incluir la causal de la interrupción del embarazo para niñas y adolescentes violadas, hasta los 18 años.

Actualmente el aborto no punible en Ecuador aplica en dos causales:
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Si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios.
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Si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental.
Claudia Gray, directora del Observatorio de Género de la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE), señala que si bien es un primer avance, la reforma no es suficiente porque excluye a otras mujeres víctimas de agresiones sexuales.
Gray destaca que la reforma no será suficiente si no hay prontas regulaciones dentro del sistema de salud. “El hecho que la Ley lo permita no quiere decir que todo el personal sanitario va a acceder a hacer este tipo de procedimientos”.
Otro condicionante será la agilidad en la recepción de denuncias de las niñas y jóvenes abusadas. “Me preocupa que en los que sucede un proceso penal, para acreditar una violación el embarazo, quede a término”.
Duchi indica que la norma aún “es general” y que no han planteado hasta qué semana se podría interrumpir el embarazo. En países donde el aborto es legal, el plazo es hasta las 14 semanas de gestación.
“Eso iba encaminado a cualquier mujer, ahora está orientado a niñas y adolescentes víctimas de violación”, enfatiza.
De aprobarse los cambios en el Código de la Niñez, se reformaría el artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

