El discurso de algunos presidenciables sugiere incrementar las penas en algunos delitos. Expertos califican el ofrecimiento de demagogo.
Cadena perpetua o penas de muerte para violadores, asesinos, femicidas; e incremento de condenas para políticos implicados en actos de corrupción son varias de las ofertas que dan los candidatos presidenciables en sus intervenciones públicas.
Aunque a la gente, cansada de estos hechos, le agrada la idea, el cumplimiento de las propuestas no sería tan fácil.
Tres analistas coinciden en que son una muestra de la demagogia que caracteriza a los políticos, previo a un proceso de elecciones.
André Benavides, constitucionalista, calificó a estos pronunciamientos como un “populismo penal”. Dijo que se requerirían de profundas reformas constitucionales y que el Estado renuncie a los tratados internacionales, como los de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Prohibición constitucional
La Constitución establece ‘candados’, como el del artículo 66.1, que reconoce y garantiza “el derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte”. Benavides mencionó también al numeral 3 de ese mismo articulado que, en el literal c, prohíbe la tortura, desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes.
Citó también al artículo 76.6, que habla de la proporcionalidad de las infracciones. Asimismo, el 88 del mismo cuerpo legal señala que ninguna reforma constitucional o de Ley puede atentar contra los derechos que la Constitución otorga a las personas.
“Si hay candidatos que establecen estas sanciones, que contravienen Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos, puedo decir que están mintiendo”, apuntó.
‘Una propuesta simple’
Pablo Encalada, especialista en derecho penal, cuestionó las propuestas, calificándolas de populistas y como una respuesta simple a la problemática. “La criminalidad no se reduce por el incremento de penas. La única forma de disminuirla es a través de la prevención”, dijo.
El jurista explicó que el aumento de penas, viable por reformas a la Ley Penal, afecta a la integralidad del Código Orgánico Integral Penal (COIP), diseñado para que exista proporción entre delitos y penas. “No podemos tener una pena para un delito de robo y la misma para la de un homicidio. Habría una desproporción”, señaló.
