Al esmeraldeño Eduardo Enrique C. C., de 39 años, le preguntaron el 13 de agosto pasado si estaba interesado en un cargo público. Le dijeron, según la Fiscalía, si lo quería en la Dirección de la Aviación Civil o en las Aduanas. Según eso, el precio: “El primero le costaría $4 millones y el segundo $26 millones”, señala el proceso judicial del llamado caso Emperador, que provocó la madrugada del jueves la detención inicial de 33 personas, 14 de ellas funcionarios públicos y 10 con registros de antecedentes penales por delitos de extorsión, estafa o abuso de confianza.
La investigación también se abrió, inicialmente, por el delito de tráfico de influencias, pero hoy se ha cambiado la figura penal a asociación ilícita.
La noche del viernes, el juez guayaquileño Marco Guerra confirmó la prisión preventiva para 27 de los detenidos, y a los seis restantes les dispuso la prohibición de la salida del país.
Entre los detenidos constan el ex presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), José Tuárez Zambrano, pero también hay otros exservidores públicos, por ejemplo, un exdirector de Seguridad Postal en la Empresa Pública de Correos, un exdirector nacional de Procesos Electorales en el Consejo Nacional Electoral, un subdirector en el CPCCS, una expresidenta del IESS, un exasambleísta y prefecto de Sucumbíos, y un exjefe comercial en la telefónica estatal CNT.
También consta que algunos han ocupado cargos en el Ministerio de Educación o en el Consejo de la Judicatura, entre ellos un juez que sentenció en un caso del 30S. La Contraloría también detalla que de los 14 exfuncionarios, trece tenían familiares laborando para las dependencias del Estado, uno, dos y hasta cuatro parientes. Uno de los detenidos, Mario Arnaldo T. N., con un alto cargo en el CPCCS, declaró que efectivamente se reunió con el denunciante del caso, Eduardo Enrique, pero aseguró que la cita se dio “por temas políticos”.
“Fue una sola reunión que mantuvo conmigo, él se pronunció diciendo que era colaborador de Fernando Balda”, dijo Mario Arnaldo, exfuncionario que trabajó con el sacerdote José Tuárez en la entidad de participación ciudadana.
El activista político Fernando Balda, el viernes pasado en su cuenta de Twitter, se atribuyó la participación directa en la investigación que, dijo, puso a órdenes de la Fiscalía. “Me encargué personalmente de meterlo a la cárcel (a Tuárez), y con esto se desarticuló una gran banda de delincuentes que timaban a los ciudadanos y nos devaluaban como sociedad”.
Al día siguiente, en una entrevista en el portal de noticias Ecuador en Vivo, Balda detalló que obtuvo esta información por ser ‘una de las personas mejor informada del país’. “He demostrado que sé guardar secretos, jamás he traicionado una fuente, me llegan muchas denuncias”, comentó y además explicó: “Tuárez empieza a montar la empresa delincuencial en la que le hacía creer a las personas que era muy relacionado con la gente del Gobierno, en especial con la primera dama, Rocío de Moreno; decía que por orden de la primera dama él estaba vendiendo los puestos en el gobierno”. (I)
Fuente: El Universo
