“No va a haber reducción de penas. No hay la posibilidad de que sea así, más bien estamos tratando de que en las reincidencias, cuando exista una situación en donde un delincuente incumpla la ley en varias ocasiones, podamos endurecer y sancionar de manera más enérgica sus actos delictivos”.
Esa fue la respuesta de César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional, ante la preocupación ciudadana de que en el debate de las reformas al Código Integral Penal (COIP) se incluye un texto que rebaja las penas para los delitos de robo.
Se trata de la reforma al artículo 189 en el que por primera vez se fija una tabla sobre el tipo de robo y la pena. Allí se reducen las penas según la proporcionalidad del delito y del valor del bien que ha sido robado.
Litardo señaló que aquello nació de un informe que ya había sido aprobado con anterioridad y que por la lógica de procedimiento en la Legislatura esa situación se corregirá en el segundo debate de las reformas integrales al COIP que será el miércoles 18 de septiembre.
El presidente del poder Legislativo participó el jueves en la firma del acuerdo de acción conjunta correspondiente al Plan Más Seguridad de Guayaquil que se suscribió con el Municipio de Guayaquil y con la Corte Nacional de Justicia.
Este es el convenio macro por la seguridad promovido por la alcaldesa Cynthia Viteri que involucra a instancias gubernamentales como el Ministerio del Interior, a la Policía Nacional, operadores de justicia, entre otras instituciones.
Litardo manifestó que entre las reformas al Código Integral Penal se ha propuesto que en la segunda detención (reincidencia) de alguien que comete algún acto ilícito la única medida cautelar sea la cárcel.
“Y que se aplique dentro del proceso de reincidencia esto como un agravante, es decir, que su sanción sea incluso un 30 por ciento por encima de la normal, para poder tener la posibilidad de que este delincuente no salga a la calle”, puntualizó el asambleísta.
Eso motivó los aplausos de quienes acudieron al Salón de la Ciudad, para participar en el acto protocolario en el que también estuvo Paulina Aguirre, titular de la Corte de Justicia, entre otros funcionarios.
El presidente de la Asamblea mencionó que otra propuesta de reforma al COIP es que quien haya sido sentenciado por violar a un menor de edad no pueda ocupar un cargo público o privado que tenga una vinculación con menores.
Asimismo, dijo que buscan dar garantía a la Policía para que pueda cumplir su trabajo. “Que nunca más un policía, cuando sea investigado dentro de la instrucción fiscal inicial tenga que estar en la cárcel”, señaló el titular de la Asamblea.
Agregó que también se analizará la propuesta que Viteri hizo esta semana de exhibir el rostro de un antisocial cuando sea detenido en flagrancia.
La alcaldesa de Guayaquil comenzó su alocución mostrando un video en el que se aprecia cómo un grupo de antisociales roba a gente que paseaba en una chiva, en el centro. Ella ofreció el respaldo del Cabildo a la Asamblea y a la Corte de Justicia por la seguridad.
‘Los jueces provinciales reciben amenazas’
La administración de justicia tiene sus complejidades y una de estas son las amenazas de las que han sido víctimas algunos jueces provinciales de Esmeraldas y Los Ríos.
La intimidación ha sido tal que incluso dichos funcionarios han preferido quedarse a dormir en sus despachos cuando se les hace tarde para salir.
“Ellos no tienen guardias, ellos no tienen quién los respalde. Los jueces al igual que la ciudadanía también tenemos problemas, también tenemos preocupaciones por la inseguridad. Por eso es que nos estamos sumando a este acuerdo”, expresó Paulina Aguirre, presidenta de la Corte Nacional de Justicia, quien intervino el jueves en la firma del convenio de acción conjunta por la seguridad de Guayaquil.
La funcionaria refirió que aquello se daría por la carga procesal que tienen los jueces, lo que, a su vez, revela que se requiere de más operadores.
Aguirre sostuvo que la seguridad de los jueces es algo inherente al Consejo de la Judicatura (CJ).
Ella consideró que es necesario que se respeten los fallos judiciales. “Ninguna parte procesal, más aún la ciudadanía, sale satisfecha…”, afirmó.
Convenios
Acuerdo con ministerio
El 15 de agosto el Municipio de Guayaquil y el Ministerio de Gobierno firmaron el acuerdo macro por la seguridad de Guayaquil y el convenio de cooperación interinstitucional entre el ECU911 y la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG).
Adhesión de CJ y Fiscalía
Siete días después el Cabildo firmó la adhesión al convenio de acción conjunta por la seguridad con el Consejo de la Judicatura (CJ) y la Fiscalía General del Estado.
Integración de cámaras
El martes 3 de septiembre se unificaron los sistemas de videovigilancia del ECU911 y la CSCG. De allí que, desde esta semana 1.712 cámaras supervisan la ciudad y ambas entidades acceden a las tomas de cada una. Se integrarán 100 dispositivos más fuera de los planteles. (I)
Fuente: El Universo
