El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) negó el recurso de nulidad de las elecciones de prefecto y viceprefecto en la provincia de Los Ríos, pero en su sentencia advirtió de presuntos delitos electorales, por lo que pidió a la Fiscalía General del Estado y al Consejo Nacional Electoral (CNE) que inicien las investigaciones.
Con la sentencia del TCE, se ratifica la elección del socialcristiano Johnny Terán, como el nuevo prefecto de esa provincia. Pero en la sentencia, los jueces dan un plazo de 60 días al CNE y a la Fiscalía, para que presenten un informe detallado de los resultados o avances de la investigación que determine los delitos electorales que se habrían cometido.
El recurso de nulidad de las elecciones de prefecto en Los Ríos lo presentó el candidato a esa dignidad, Galo Lara (PSP). En el documento advirtió de inconsistencias. Lara afirma que se habría cometido fraude.
Como pruebas agregó cinco declaraciones juramentadas de exdigitadores y responsables del control de calidad del sistema de transmisión de datos correspondientes a la Junta Electoral de Los Ríos.
Procesamiento de información
Añadió un informe técnico pericial informático del perito Tulio Simba Chuquimarca, calificado en el Registro de la Función Judicial, en cuyas conclusiones determinó iconografía diferente en los mensajes emitidos por el sistema para la transmisión y publicación de resultados; que no se garantiza la integridad de la información de las actas procesadas, y de la información relacionada con las actas; y que se evidencia que los equipos del centro de cómputo de la Junta Provincial de Los Ríos tenían una conexión a una red privada.
Según la sentencia aprobada por la mayoría de los jueces, ese informe técnico pericial carece de valor probatorio porque no fue ordenado por el TCE; sin embargo, las conclusiones conllevan a la necesidad de investigar la verdad de los hechos ocurridos y determinar consecuencias jurídicas pertinentes.
“No le corresponde al TCE la facultad para investigar presuntos delitos electorales, sino que esa es una atribución privativa de la Fiscalía General del Estado para ordenar pericias tales como la informática forense, recabar testimonios y en general obtener pruebas para asegurarse de la comisión de una infracción, así como para identificar a los responsables”, señala la sentencia elaborada por el juez Ángel Torres. (I)
Fuente: El Universo
