En Manabí hay indignación luego de conocerse que una menor de 16 años embarazada y quien tendría una discapacidad de lenguaje habría sido apuñalada en la pierna por su pareja, un hombre de 56 años, identificado como Cruz M.
Esto ocurrió el domingo en el cantón Jaramijó, cuando el hombre habría llegado en estado de embriaguez a la casa donde convivía con la menor desde el año pasado.
Él fue detenido el domingo pero el pedido de las autoridades y de colectivos no solo es para que lo sancionen por el ataque sino por la relación establecida con la menor de edad, con la que convivía desde cuando ella tenía 15 años.
Para Consuelo Delgado, gerente del programa Plan Internacional en Manabí, en el caso de la convivencia de una adolescente de 16 años con un hombre de 56 años, habría un delito de estupro y que se establece en el artículo 167 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que castiga a los infractores con una pena privativa de libertad de uno a tres años.
A Cruz M. le dictaron prisión preventiva y permanecerá 30 días en prisión mientras dura la investigación por el presunto delito de intento de femicidio.
Pero Delgado aseguró que al ser un delito público, es la Fiscalía la que debe establecer los tipos penales del caso, pues también puede tratarse como violencia contra la mujer.
Se conoció que en la Fiscalía de Manta se espera el sorteo para saber cuál de las dos salas de género llevará este caso.
Ahora la menor tiene seis meses de embarazo y aunque sus heridas (una de entrada y otra de salida) fueron suturadas y ahora se encuentra en una casa que le prestaron a su padre para vivir, las autoridades coinciden en que necesita ayuda psicológica y medidas de protección del Estado.
Su padre reconoció que la adolescente tiene cierta discapacidad de lenguaje, que cuando se comprometieron sus hijas (otra a los 12 años), él recorría el país laborando como ayudante de albañilería y que ellas estaban solas. Señaló que cree que las causas del ataque del domingo serían por celos.
El abogado Pablo Zambrano, integrante de la Red de Atención a Víctimas de Violencia de Manta, señaló que los padres –pese a que están separados desde hace 10 años- son corresponsables de la situación emocional que está atravesando la joven y el alto riesgo de la gestación.
“Si ellos (los padres) hubieran tomado otras acciones, como alejarla del tipo, llevarla a otro lugar, ella no estaría atravesando por este problema emocional, como presumo que no hicieron nada la chica no debería regresar con ellos, debería buscar un familiar acogiente y también solicitar que hasta que no cumpla con un tratamiento psicológico, los padres no tengan acercamiento con ella ”, declaró Zambrano, quien añadió que en caso de no contar con un familiar acogiente, la joven podría ser ubicada en una fundación de ayuda a mujeres.
Zambrano considera que las autoridades de Jaramijó deberían darle atención prioritaria a la joven, por ello considera fundamental que una trabajadora social elabore un informe sobre sus condiciones previas a la etapa final de su embarazo.
En el Consejo Cantonal de la Niñez de Jaramijó este miércoles se coordinaban acciones para que este jueves se reunieran delegados de instituciones públicas y privadas para determinar acciones a favor de la menor.(I)
Fuente: El Universo
