Unos 40 militares llegaron fugazmente este martes, se ubicaron 300 metros después de la Penitenciaría del Litoral y realizaron un operativo de control de armas y explosivos durante una hora, en el norte de Guayaquil.
Lo hicieron sin un plan establecido, pues el mayor Omar Quintana, quien comandaba el grupo, dijo que aún no hay una declaratoria de emergencia en el sistema penitenciario, como lo anunciara el vicepresidente, Otto Sonnenholzner.
Estos operativos también se repitieron afuera del Centro de Rehabilitación Social de Turi, en Cuenca, donde estuvieron 120 militares revisando vehículos que circulaban por la zona.
Fue la reacción inmediata ante el anuncio de Sonnenholzner del resguardo militar que habría en el perímetro externo de las cárceles.
Él también aseguró que se declararía la emergencia carcelaria por los últimos asesinatos registrados, 7 en lo que va del 2019. Eso aún no es oficial.
Mientras tanto, un policía y seis internos son procesados tras la última muerte de un privado de la libertad, registrada el domingo en Turi. A los reos la Fiscalía los acusa de tentativa de asesinato, mientras que al agente de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), Byron V., se lo procesa por homicidio culposo, pues el policía disparó un gas lacrimógeno que golpeó y causó la muerte de Andrés Santiago Vélez.
En la audiencia se contó que el policía no pudo ingresar al pabellón de máxima seguridad para separar a los internos porque una puerta estaba cerrada, dijeron que desde afuera les advirtieron que dejaran de hacerlo y que ante la necedad se aplicó el uso progresivo de la fuerza.
Tras la audiencia de flagrancia cumplida la tarde y noche del lunes, el fiscal del Azuay, Leonardo Amoroso, contó que el tipo penal contra el policía no es definitivo y durante los 30 días que dura la instrucción fiscal podrían cambiar.
Los internos mantendrán la prisión preventiva, mientras que al policía le dictaron medidas sustitutivas y deberá presentarse una vez por semana.
Desde Pereira, Colombia, la hermana del reo fallecido pidió ayuda para viajar a Cuenca y retirar el cuerpo, dijo no tener a nadie en Ecuador, ni dinero para hacerlo.
El interno herido sigue en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Algo que el fiscal no se explica es cómo ingresan elementos prohibidos a máxima seguridad, espacio que es controlado por la policía.
“Es sorprendente esta situación porque en los operativos en los que hemos participado somos sometidos a unos filtros, de hecho hay corrupción”, aseveró el fiscal.(I)
Fuente; El Universo
