La Asamblea Nacional por unanimidad solicitó al presidente de la República, Lenín Moreno, adoptar medidas necesarias con el apoyo de las Fuerzas Armadas para evitar que continúe la actual situación de violencia y delincuencia en Ecuador.
La resolución, planteada por el socialcristiano César Rohón, pide al Jefe de Estado crear mesas técnicas de trabajo especializadas integradas por la Asamblea Nacional, Ministerio del Interior, Subsecretaría de Derechos Humanos, Sistema Judicial, Fiscalía General del Estado, en coordinación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados, para que elaboren las políticas públicas necesarias para disminuir la inseguridad ciudadana.
Además se aprobó la comparecencia, ante el Pleno de la Asamblea, de María Paula Romo, ministra del Interior, y del General Nelson Humberto Villegas, Comandante General de la Policía Nacional, con la finalidad de que informen las acciones que están realizando las instituciones a su cargo para garantizar la seguridad ciudadana, el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y seguridad de las personas dentro del territorio nacional.
También se exhorta a todas las funciones del Estado, al igual que a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, para que el ámbito de sus atribuciones en materia de seguridad ciudadana, realicen las acciones necesarias en beneficio de la seguridad integral de la ciudadanía.
Se pide además al Ministerio de Economía y Finanzas, para que se garantice el financiamiento necesario para que las entidades de seguridad ciudadana puedan efectuar su labor y fortalecer sus capacidades de acción y respuesta de manera oportuna frente a hechos delictivos.
El documento aprobado solicita a la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, que con el carácter de urgente incluya en la agenda legislativa el tratamiento del Informe no vinculante para primer debate del proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, para que en materia penal se apliquen los “principios de justicia material para las víctimas de las infracciones penales, tutela judicial efectiva de los derechos y de las situaciones jurídicas de las personas afectadas; combate y prevención de la reincidencia delictiva y de la impunidad”. (I)
Fuente: www.eluniverso.com
