Quito -Diana Salazar se posesionará esta tarde, en la Asamblea, como fiscal general del Estado, con la idea clara de reestructurar a la institución, reorientar varias investigaciones y auditar 902 expedientes represados.
Es lo que se ha propuesto y espera hacer, luego de ganar el concurso de méritos y oposición que concluyó el pasado 1 de abril y que fue organizado por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio.
Durante la semana pasada, la funcionaria dejó la dirección de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), adscrita al Ejecutivo, y mantuvo reuniones para la transición, entre ellas, con la fiscal saliente Ruth Palacios, quien ejerció funciones desde noviembre de 2018 como encargada.
Salazar, de 37 años, asumirá un paquete de investigaciones previas e instrucciones fiscales sobre violación de derechos humanos y corrupción, entre los que se cuentan trece casos en contra del exmandatario Rafael Correa y uno que involucra al presidente Lenín Moreno.
Debido a su rol decisivo para revelar las irregularidades en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y la red de coimas de Odebrecht, su designación provocó expectativas en varios sectores, que han expresado su malestar por la impunidad registrada, por ejemplo, en el desvío de fondos públicos.
La nueva fiscal llega a una institución presionada por la disputa política entre Lenín Moreno y Rafael Correa, así como por procesos paralelos, como la evaluación y nombramiento de fiscales.
Mediante resolución, el Consejo de la Judicatura ordenó que en el plazo de quince días, contados desde el 1 de abril, el mismo día en que Salazar fue proclamada ganadora del concurso, se inicie el proceso de evaluación y promoción de agentes fiscales y fiscales de adolescentes infractores a las categorías 2, 3 y 4.
La reestructuración interna de la Fiscalía –que hasta febrero contaba con un total de 3.733 servidores a nivel nacional– también es una de las prioridades de Salazar. (I)
