Quito.- En la actualidad, nueve exjefes de Estado reciben una pensión vitalicia de $ 4.226,25 mensuales y siete exvicepresidentes, una de $ 4.057,5. En el primer grupo están, por ejemplo, Rodrigo Borja, Abdalá Bucaram Ortiz, Rafael Correa o Jamil Mahuad; mientras que en el segundo se enlistan Jorge Glas, Lenín Moreno, Alberto Dahik o Rosalía Arteaga.
En el rol de la Presidencia están juntos los que cumplieron su periodo con los que –por distintos motivos– abandonaron el puesto, huyeron, fueron derrocados, enjuiciados o incluso apresados. ¿Deben cambiar los parámetros para que accedan a una pensión vitalicia?
La pregunta ha rondado los pasillos de la Asamblea y del Ejecutivo durante años, pero los proyectos de ley para reformar la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) –que sustenta estos pagos– se han diluido con la misma rapidez con la que se han presentado.
Según la Losep, los expresidentes y exvicepresidentes reciben cada mes el 75 % de la remuneración vigente para el cargo siempre que hayan sido elegidos por votación popular y posesionados en el cargo. Solo se exceptúa a quienes se les revoque el mandato. No se contempla su situación judicial ni las circunstancias en que dejaron sus funciones.
El último proyecto presentado para trámite en la Asamblea –ingresado el 5 de junio de este año– corresponde al asambleísta Eliseo Azuero (Integración Nacional), quien, en la exposición de motivos, subraya “la necesidad de revisar si realmente todos los exmandatarios merecen el reconocimiento”.
En su propuesta, añade una excepción: en caso de que un exmandatario fuese llamado a juicio por un delito penado con prisión o reclusión se le suspenderá la pensión.
En 2015, la entonces oficialista Rosana Alvarado y Wilson Chicaiza (antes CREO) presentaron iniciativas para incluir, por ejemplo, los procesos judiciales o el abandono del puesto para limitar este beneficio.
Ambos proyectos fueron archivados en la Comisión de los Trabajadores de la Asamblea, al igual que otras propuestas que fueron presentadas antes, con el mismo fin de regular el pago a los exmandatarios.
Martha Roldós, política e hija del expresidente Jaime Roldós, considera que si bien el reconocimiento tiene base legal, el tema da para un debate más amplio, especialmente, por el uso de fondos públicos. Por ejemplo, el caso de Jorge Glas, quien consta como beneficiario de una pensión de $ 4.057,5, pese a estar preso, sentenciado a seis años por asociación ilícita por el caso Odebrecht e incluso a pagar una millonaria indemnización al Estado. (I)
Fuente: El Universo
