La Corte Constitucional (CC) escuchará a unos 40 ciudadanos y representantes de la sociedad civil, que demandan la inconstitucionalidad de la Ley de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria por el COVID-19.
El juez constitucional y sustanciador de 22 demandas de inconstitucionalidad acumuladas en contra de esta norma, Alí Lozada convocó a la audiencia pública telemática que se realizará desde la mañana de este jueves, y que se prevé extender hasta la noche del viernes, con el objetivo de escuchar a los demandantes, a los que también se han adherido amicus curiae.
Esta ley está vigente desde el 22 de junio pasado en el Registro Oficial, y sectores sindicalistas, ciudadanos que se vieron afectados por sus artículos, pedirán a la Corte Constitucional que determine que esta ley es inconstitucional porque afecta a derechos laborales.
Entre las decenas de demandantes están el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDDH), la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE), asambleístas, la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes), delegados del INEC, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), catedráticos universitarios y ciudadanos por sus propios derechos.
Sylvia Bonilla, representante legal de la Asociación Sindical de Trabajadores Bananeros del Ecuador (Astac) expresó el rechazo a tres medidas que están insertadas en el texto legal como es los «acuerdos» entre trabajadores y empleadores, la reducción salarial y la creación del contrato emergente.
A su criterio estas medidas «no están pensadas para ser excepcionales». «No se justifica que son medidas proporcionales o temporales que puedan justificarse. Son medidas regresivas. Y la Corte debe discutir si son adecuadas y necesarias. Que duren un momento determinado… Pero, lo que se busca es que permanezcan en el tiempo, y esto también queremos denunciar», explicó.
El vicepresidente de la Confederación de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut), Edwin Bedoya, dijo que harán un plantón en los exteriores de la Corte Constitucional este jueves y cree que la «ley no cumplió con los fines concebidos, y al contrario, es una ley predeterminada, que no es construida para minimizar los efectos de la pandemia».
Ejemplifica que, según cifras oficiales, «hay 6 millones de trabajadores en el desempleo, subempleados, y trabajadores en actividades precarias». (I)
