Más 40.000 personas desaparecidas registradas, unas 1.100 fosas clandestinas y 26.000 cuerpos sin identificar dan cuenta de la magnitud de la crisis humanitaria y derechos humanos que enfrenta la administración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
“Hemos heredado quizá uno de los signos más ominosos del régimen anterior”, indicó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, quien lamentó que México se haya “convertido en una enorme fosa clandestina”. Ahora, esa herencia es uno de los grandes pendientes del gobierno de López Obrador, quien manifestó a familiares de víctimas “pesar por su sufrimiento” y el compromiso de hacer “todo lo que sea posible para saber de los desaparecidos”.
López deploró las “más de un millón de víctimas de violencia”, un saldo “de la guerra absurda que se declaró para enfrentar la violencia”. Los casos de personas no localizadas, extraviadas y desaparecidas, incluidas víctimas de desaparición forzada, aumentaron en México desde que el presidente Felipe Calderón (2006-2012) inició una guerra contra grupos del narcotráfico y que siguió Enrique Peña Nieto (2012-2018).
El gobierno de López Obrador presentó su estrategia para la búsqueda de personas desaparecidas, que incluye la participación de los familiares de las víctimas. Encinas Rodríguez aseguró que habrá una efectiva búsqueda, pues en las anteriores administraciones fue una verdadera simulación. A mediados de enero la Comisión Nacional informó que tenía un registro de 40.180 personas desaparecidas en México y en la mayoría de los casos contaba con la identidad digital, la cual incluye nombre completo de la víctima, fecha de nacimiento, fotografía y huella dactilar.
El caso más mediático de desaparición forzada en México es el de 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa en septiembre de 2014 a manos de policías en el municipio de Iguala, estado de Guerrero, durante el mandato de Peña Nieto. (I)
