Actualmente existen 1.510 guías para el control de 41 mil presos en los 55 reclusorios del país. La declaratoria de emergencia permitirá contratar 500 nuevos agentes y poner en marcha, a través de una escuela de formación, un proceso de recategorización, equiparación de sueldos, dotación de equipos de trabajo y adecuada capacitación.
La norma internacional para el control de cárceles recomienda tener un Agente de Seguridad Penitenciaria (ASP) por cada 10 Personas Privadas de la Libertad (PPL), recomendación que no se cumple en el Ecuador porque apenas existe un guía por cada 27 presos.
En la actualidad, la población de PPL es de 41 mil en los 55 centros de rehabilitación y detención provisional que hay en el país. Para ello se dispone de 1.510 ASP. Eso significa que faltan 2.590 agentes (63,17%) para cumplir la norma internacional.
Ricardo Camacho, exsubsecretario de Rehabilitación Social, afirmó que ese número de ASP es insuficiente y que si nos rigiéramos a los estándares internacionales, Ecuador debería en realidad tener 8.000 agentes para un adecuado control de cárceles.
Aclaró que respeta mucho a los ASP, pero indicó que al menos el 20% de ese personal ha caído en actos de corrupción debido a factores como: bajo sueldo, falta de una carrera profesional y de capacitación. Por ello, en lo que va del 2019 han sido separados 21 APS: por el ingreso de drogas, armas, licor y aparatos tecnológicos.
Dijo que en seis meses, con recursos, se podría formar un ASP profesional: tres meses se necesitarían para crear la escuelad de guías, reclutamiento y pruebas sicologicas.
Esta falta de ASP y de una adecuada dotación de armas y equipo de trabajo, unido al hacinamiento en los Centros de Rehabilitación Social (CRS) del país, ha vuelto inseguro y violento el convivir.
Muestra de ello es que en menos de cinco meses se han registrado 9 asesinatos al interior de los CRS, equivalente a 2,2 muertes por mes. El último caso se registró en el CRS de Turi, en Cuenca (Azuay).
Una pelea entre reos dejó un PPL muerto y otro herido. El hecho es investigado para determinar, incluso, cómo se abastecen de armas. Anterior a este caso, a inicios de mayo, en el CRS de Latacunga ocurrió el asesinato de un PPL transferido desde la Penitenciaria del Litoral.
Los ASP no pudieron hacer nada porque estaban desarmados: se hicieron a un lado para no ser atacados con arma blanca. El hecho fue grabado con celular por un recluso y publicado en redes sociales.
Esto dejó en evidencia que los presos disponen de armas y tecnología, mientras que los ASP carecen de armas o, al menos, inmovilizadores, escudos, chalecos, toletes, gas pimienta y demás equipos necesarios.
A estos incidentes se suman escándalos de corrupción que permitieron hace un mes, por ejemplo, que una ambulancia con armas y otros materiales prohibidos ingresen al CRS de Guayaquil. Por ello son investigadas 26 personas, entre ellas, policías y funcionarios.
Fuente: www.eltelegrafo.com.ec
