Con la colocación de los dispositivos de vigilancia y rastreo (grilletes electrónicos) -aplicados el miércoles 25 de diciembre- en los tobillos de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y los dirigentes de la Revolución Ciudadana (RC), Virgilio Hernández y Christian G., empezaron a regir para ellos las nuevas medidas cautelares ordenadas en el caso que investiga un delito de rebelión sin agravantes.
Luego de más de seis horas de audiencia, la presidenta subrogante de la Corte de Justicia de Pichincha, Patlova Guerra, resolvió, la noche del 24 de diciembre pasado, revocar la prisión preventiva que pesaba contra Pabón y Christian G., desde el 15 de octubre, y la que mantenía Hernández, desde el 5 de noviembre. En su lugar ordenó la presentación periódica de todos cada lunes y el uso del grillete electrónico.
Pabón dejó la Casa de Confianza de Chillogallo, en el sur de Quito, la madrugada del miércoles 25 de diciembre; mientras que Hernández y Christian G. salieron de la Cárcel 4 cerca del mediodía.
Los tres se juntaron en las oficinas del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI) para que les coloquen los grilletes y les expliquen el funcionamiento.
La revocatoria de la prisión preventiva ordenada por Guerra llegó a menos de 50 días de que concluyan los 120 definidos para la instrucción fiscal.
A su salida del SNAI, Hernández reiteró que todos son inocentes y que prueba de ello es que al no poder demostrar los hechos de los que habló inicialmente, la Fiscalía tuvo que reformular cargos 70 días después de que inició la instrucción en la causa.
“Siempre dijimos que aquí no existió un grupo armado, sino un pueblo indignado. Ahora Fiscalía va a tener que demostrar que participamos en acciones violentas y les digo desde ahora: no lo van a poder realizar, porque siempre nuestras acciones y planteamientos estuvieron enmarcados en la Constitución”, aseguró.
En un comunicado de prensa, la Fiscalía criticó la decisión de Guerra asegurando que la tomó pese a que existe una prohibición legal en el primer inciso del artículo 536 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual refiere que la prisión preventiva podrá ser sustituida por otras medidas cautelares, pero no en infracciones sancionadas con prisión de más de cinco años.
Luego de la reformulación de cargos aceptada la mañana del martes 24 de diciembre, en este caso se analiza un delito con una pena de cinco a siete años de cárcel.
“(Fiscalía) analizará las acciones legales que tomará en atención a lo dispuesto en el tipo penal del artículo 268 del COIP que sanciona el delito de prevaricato”, adelantó.
Pabón prefirió no pronunciarse sobre el anuncio de la Fiscalía. Pero indicó que hasta ahora no se ha encontrado ningún elemento que pueda sostener la denuncia que la entidad hizo al inicio de este proceso y que pedía que la justicia pueda actuar con independencia.
Respecto de su regreso a ocupar el cargo de prefecta de Pichincha, Pabón reconoció que aunque la institución se reincorpora al trabajo el próximo 2 de enero, ella tiene muchas tareas pendientes y que desde hoy estará poniéndose al corriente de las actividades que se mantienen en la provincia. Al momento Alexandro Tonello es el prefecto subrogante.
Cronología
14 de octubre: Son detenidos la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, el dirigente de la Revolución Ciudadana (RC) Christian G. y el ciudadano Pablo D.
15 de octubre: Se inicia una instrucción fiscal de 90 días contra Pabón, Christian G. y Pablo D. por el delito de rebelión. Los dos primeros reciben prisión preventiva, al otro se le ordena presentación periódica.
5 de noviembre: Se vinculó al proceso al secretario de la RC, Virgilio Hernández, y con ello se amplió por 30 días la instrucción.
6 de diciembre: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares a favor de Paola Pabón, Virgilio Hernández y Christian G. (I)
Fuente; El Universo
