El Consejo Provincial de Pichincha resolvió por unanimidad acogerse a las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a favor de Paola Pabón, quien se mantendrá como prefecta titular de esta provincia, mientras que Alexandro Tonello asumirá como prefecto subrogante.
«Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho presentadas por las partes, la Comisión considera que la información aportada demuestra prima facie que las personas beneficiarias se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en grave riesgo», resolvió el pasado 2 de diciembre la CIDH.
Según el abogado de Pabón, Ramiro Aguilar, el Consejo provincial ya no podrá discutir los días de ausencia en el cargo de la prefecta: “Alexandro Tonello va a quedarse como prefecto subrogante todo el tiempo que sea necesario para que la señora Pabón se defienda”.
Sin embargo, falta que este lunes la Corte Provincial de Pichincha se pronuncie sobre la prisión preventiva de Pabón, cuya liberación podría darse por revocatoria plena o mediante una medida sustitutiva, como prohibición de salida del país y obligación de presentarse ante un juez cada cierto tiempo.
“Si a Paola Pabón le revocan la medida de prisión preventiva el lunes, ella puede asumir la Prefectura el martes, pero si no le revocan ya no estamos con ese tema de que va a haber abandono del cargo, la señora Pabón puede seguir siendo prefecta titular de Pichincha hasta que haya su sentencia condenatoria ejecutoriada, mientras tanto el subrogante es Tonello”, agregó Aguilar.
La CIDH solicitó al Gobierno ecuatoriano que se adopten las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Paola Pabón, Virgilio Hernández y Christian Narváez (…) y que permitan crear las condiciones que aseguren y respeten sus derechos.
De acuerdo con el abogado de la prefecta, la justicia ecuatoriana debe acatar las medidas cautelares porque para la CIDH, el que Pabón esté en prisión puede ser un motivo político para removerla de su cargo: “Toda la redacción de los considerandos 30, 31, 32 y 33 de la resolución dicen que la prisión preventiva que sufren las tres personas (Pabón, Hernández y Narváez) es consecuencia de un hostigamiento político”.
La prefecta está detenida desde el 14 de octubre y es investigada por el delito de rebelión durante las manifestaciones en contra del Gobierno de Lenín Moreno. (I)
Fuente: Vistazo
