El Gobierno de Perú presentó al Congreso un proyecto de ley que modifica el Código Penal para fortalecer la prevención y sanción de delitos contra la libertad sexual e incluye la castración química para violadores, tras la conmoción que causó en el país el secuestro y abuso sexual de una niña de 3 años.
Mediante una carta firmada por el presidente Pedro Castillo y el primer ministro, Aníbal Torres, el Ejecutivo remitió a la titular del Parlamento, María del Carmen Alva, la iniciativa legislativa aprobada el pasado miércoles 20 de abril por el Consejo de Ministros para aplicar la castración química a los violadores.
En el documento, fechado el 21 de abril y divulgado este domingo 24 de abril de 2022 por la agencia nacional Andina, plantea que un juez imponga como pena accesoria este tratamiento especializado para reducir la libido sexual del condenado luego de que cumpla su condena, pues la medida no alcanza a las personas sentenciadas a cadena perpetua sino a una pena determinada.
El proyecto propone que un juez solicite anualmente a una junta médica un informe de evaluación física y mental del condenado con la finalidad de que el órgano jurisdiccional analice la continuidad de la aplicación de la medida.
Agrega que, en caso de desobediencia o resistencia a la castración química, el sentenciado será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de cinco años ni mayor de ocho.
Para justificar su propuesta, el Gobierno señala que, según el Observatorio del Ministerio Público, las denuncias por violación sexual se multiplicaron con creces en los últimos años en Perú, pasando de 5 378 en 2000 a 23 999 en 2017.
Además, indica que para enero de 2018 la violación sexual de menores de edad ocupaba el segundo lugar desde un punto de vista penitenciario, solo después del robo agravado.
“Frente a ello, la respuesta punitiva del Estado no puede limitarse al cumplimiento de penas privativas de la libertad que luego de su cumplimiento no necesariamente impiden la reincidencia de estos graves delitos”, se lee en el texto.
Por otro lado, sostiene que la propuesta favorece la reducción de reincidencia de delitos dañinos para la sociedad y lo hace dentro de los parámetros del equilibrio constitucional de los derechos porque, pese a restringir algunas facultades sexuales, no suprime la sexualidad.
