“Buenos días, le confirmo la muerte de Abraham Muñoz”. Con ese mensaje el abogado del entrenador personal de Daniel Salcedo, condenado por delincuencia organizada en el caso de la venta del medicamento Actemra durante la pandemia, confirmaba esta mañana la identificación de su cuerpo en la morgue. Su cliente es uno de los 62 fallecidos en la reyerta que ocurrió el fin de semana en la Penitenciaría del Litoral.
Muñoz no se encontraba en ninguno de los doce pabellones de ese penal, sino en el bloque denominado transitorio, donde, según cuentan familiares de otros fallecidos, “se paga para estar allí, para que no los mezclen con los más peligrosos” en medio de la crisis carcelaria que se vive en Ecuador.
Pero ese bloque, donde los reclusos no representan mayor peligrosidad de acuerdo con los delitos cometidos, fue precisamente el más atacado por los internos de otros tres pabellones. Allí mataron a 46 internos, el resto de víctimas eran del pabellón 2.
Otro de los asesinados es John Campuzano Triviño, quien fue contador de la empresa Ecuagran S.A, demandada por la Superintendencia de Compañías, por falsedad de información bursátil.
Él estaba detenido, con la figura de la prisión preventiva por 90 días para investigaciones, desde el 1 de septiembre luego de un allanamiento en su residencia. Las autoridades vincularon a la empresa con el desfalco por más de $ 900 millones al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol).
Su hija asegura que es inocente y que no descansará hasta limpiar el nombre de su padre, acusado, dice, en lugar de los verdaderos culpables, refiriéndose a los representantes de la empresa causante del desfalco, que huyeron del país.
Mildred, su hermana, contó que él había sido culpado en forma errónea y que en los próximas semanas esperaba acogerse a nuevas medidas, como el arresto domiciliario, hasta que el proceso finalice.
La audiencia se fijó para el 30 de septiembre, pero fue aplazada. “Si no hubieran alargado tanto los jueces (el proceso), él estuviera afuera”, comentó.
Escenas de dolor se viven en los exteriores de la morgue, en el Laboratorio de Criminalística de la Policía Judicial, donde continúa la identificación de los cuerpos.
El lunes, como parte de las medidas adoptadas por el Estado, 1.000 uniformados, 500 de la Policía nacional y 500 de las Fuerzas Armadas del Ecuador, ingresaron desde temprano al Centro de Privación de Libertad Guayas n.° 1 con el propósito de asumir el control de las instalaciones de manera indefinida.
