1.500 personas han desaparecido sin dejar rastro en Ecuador. Dos mujeres convirtieron su dolor en lucha y acción civil.
Cuando un miembro de un hogar desaparece, su familia deja de ser la misma.
“Se acaban las vacaciones, los cumpleaños, las películas, es como si todo se detuviera y lo único que haces es buscar, buscar, buscar”, dice María de Lourdes Mejía, cuya hija desapareció el 15 de enero de 2010.
María Fernanda Guerrero Mejía desapareció al sur de Quito, cuando tenía 25 años.
Tres años después de este hecho, un 16 de mayo de 2013, el hijo de Alexandra Córdova, David Romo, desapareció.
“Es una angustia, una incertidumbre total. Nuestra vida cambió demasiado, porque está llena de dolor, de angustia”, dice Córdova.
Estas dos madres comparten un mismo dolor: la pérdida de sus hijos y la falta de respuesta estatal.
Pese al tiempo, ambos casos regresaron a la fase inicial de la investigación. En el caso de Guerrero, porque el principal sospechoso se suicidó mientras estaba en la cárcel.
“Al morir la parte procesal ya no hay el autor, la causa queda desprotegida. Yo estoy preguntando ahora en la Fiscalía en qué dirección van a buscar”, señala la madre.
En el caso de Romo, porque la Corte Provincial de Pichincha declaró la nulidad de lo actuado desde 2013. “Es decir que en ocho años nunca se procedió como se debía”, agrega Córdova.
En Ecuador, según datos de oficiales, se desconoce el paradero de 1.500 personas, pero Córdova dice que son más, al menos 4.000. Esto lo sustenta la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec).
