La mañana de ayer fue aprobado el paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), excluyendo los apartados del artículo 178 y 178.1 que se constituían como un atentado a la libertad de expresión. Sin embargo, las reformas mantienen la penalización por divulgar secretos o información personal de terceros.
Ante lo ocurrido, varios gremios reaccionaron ante la aprobación de dichas reformas que arriesgan el periodismo investigativo. Martin Soto, presidente del Colegio de Comunicadores Sociales, sostuvo que erradicar la violencia de género es fundamental, pero rechaza que bajo dicha intención se pretenda encubrir a políticos corruptos.
Stefany Ayala, comunicadora, criticó que a última hora pretenden imponer leyes. “Es un atentado en contra de la libertad de información y de investigación. Se les termina su periodo legislativo y temen que los medios mediante investigación periodística, divulguen audios y fotos comprometedoras relacionadas a actos de corrupción; como las conversaciones del hijo del Alcalde de Quito”, señaló Ayala.
Por otra parte, Milton Jara, presidente del Colegio de Abogados de Los Ríos, sostiene que dicha aprobación, pone el riesgo la investigación periodística y aumentarían los casos de corrupción. “Nadie investigaría, una persona que divulgue un chat revelador, sería sancionado con una pena de 1 a 3 años. Sin tener garantías, nadie se arriesgará a perder la libertad“, enfatizó Jara.
En tanto, la Fiscalía General del Estado, emitió un comunicado expresando la preocupación ante el paquete de reformas al COIP. La FGE, desarrolla investigaciones, que permiten develar grandes tramas de corrupción, cuyas pruebas son videos audios o chat. “Esta Ley elevaría el índice de impunidad, pues dichas actuaciones se considerarían ilegales, y por ende, no podrían se utilizadas como pruebas en los juicIos penales”, reza el comunicado.
El paquete de reformas será enviado al Ejecutivo para que sea analizado. La Presidencia de la República, tiene 30 días para aprobar o vetar el proyecto de Ley.
