En 2017, a través de la Ley de Movilidad Humana se designó al Ministerio de Gobierno la responsabilidad de articular el plan contra esta problemática.
La trata de personas es una de las actividades ilegales más lucrativas después del tráfico de drogas y de armas, según una alerta difundida por el Informe Global de Tráfico de Personas.
Esta actividad mueve alrededor de $ 150 mil millones, producto de la comercialización de niños, adolescentes, mujeres y hasta personas con discapacidad para someterlos a actividades como esclavitud sexual o trabajo forzoso.
Ecuador no está exento de este problema. Entre enero de 2017 y julio de 2019 se registraron 332 casos de trata. La mayoría se originó en las provincias de Manabí (31 reportes) y de Santo Domingo de los Tsáchilas (21).
Mientras que por Distritos, en Quito se reportaron 88 casos, y en Guayaquil, 21, según las cifras que registra la Unidad contra la Trata de Personas del Ministerio de Gobierno. Ese antecedente fue el punto de partida para crear por primera vez en el país el Plan de Acción contra la Trata de Personas en Ecuador 2019-2030.
El documento se presentó en el hotel Dann Carlton, en Quito, en presencia de autoridades del sector como la Secretaría de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. El proyecto consiste en un plan inédito que pretende articular esfuerzos, explicó María Paula Romo, ministra de Gobierno, quien detalló los ejes de intervención.
El primero es sobre la prevención y promoción de derechos; el segundo, promoción integral; el tercero, la investigación y judicialización de las personas que se dedican a este delito. Y el cuarto, la gobernanza.
Es decir, la coordinación entre instituciones públicas del gobierno central y local. José Iván Dávalos, jefe de Misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), indicó que la entidad cooperó para el levantamiento de datos en 14 provincias del país.
De los resultados se estableció que las más susceptibles son Manabí, Esmeraldas y Sucumbíos. Explicó que uno de los factores que propicia este delito es la migración. Las víctimas, al encontrarse en un lugar ajeno, se ven obligadas a actividades forzosas. Dávalos mencionó que en 2020, en coordinación con el Ministerio de Gobierno, apoyará la implementación del Pacta, una estructura que facilita la coordinación de 13 instituciones para ejecutar el Plan.
Esta labor será posible a través de un comité interinstitucional con entidades como la Cartera de Gobierno y los Ministerios de Educación, Inclusión Económica, Relaciones Exteriores, Consejo de la Judicatura, Fiscalía y otras. Michael Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos en Ecuador, señaló que este trabajo contará con el apoyo de autoridades de su país, ya que este delito tiene connotación internacional.
Fitzpatrick recordó que desde 2004 el gobierno estadounidense brinda asistencia a las ONG y organizaciones internacionales para combatir la trata. Para ello, se invirtieron $ 1,8 millones en nueve proyectos nacionales y regionales. Romo dijo que el Plan se enfocará sobre todo a erradicar la explotación sexual, que es la práctica más recurrente.
El 83% de casos atenta contra las mujeres. Situación legal de Pabón Luego del evento, la ministra de Gobierno se refirió a la situación legal de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, Virgilio Hernández y Christian González, investigados por su presunta partición en el delito de rebelión, en el contexto de la protesta indígena de octubre.
Indicó que la Secretaría de Derechos Humanos tenía previsto recibir el martes a los abogados de los procesados para analizar el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La CIDH no adelantó criterios sobre su inocencia ni de las decisiones judiciales. La funcionaria manifestó que el informe no menciona que ellos deben defenderse en libertad. Eso tendrá que definirlo un juez, “si así lo considera”. (I)
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