Desde julio, un equipo técnico de profesionales, conformado por psicólogo, médico y trabajadora social; se integran a la Unidad Judicial contra la Violencia a la Mujer y la Familia de Quevedo, informó el Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Los Ríos, Esteban Saltos.
Esta acción forma parte del Plan de Optimización y Fortalecimiento de las Unidades Judiciales Especializadas y con competencia en Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo familiar.
El Director Esteban Saltos explicó que, a través de este plan, el CJ determina acciones para garantizar el acceso a la justicia y adoptar medidas de atención que permitan evitar la revictimización, conforme lo determina la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
Saltos recordó que, dichas acciones se ejecutaron desde julio, mes en que también se incorporaron dos ayudantes judiciales de primera acogida, dos gestores de archivo y un técnico de ventanilla para los cantones de Quevedo y Babahoyo.
“La víctima de violencia recibe una primera acogida, peritajes médicos, sicológicos o de trabajo social, en un espacio concentrado. Además, cuenta con sala de audiencias adecuadas”, recalcó el titular provincial.
El director aseguró que estas acciones se enmarcan en el cuarto eje de acción encaminadas a fortalecer la investigación y sanción en los casos de violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres.
De acuerdo a datos proporcionados por la Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios Jurimétricos de CJ, en Los Ríos en los meses de enero a junio de 2019 ingresaron 2761 causas.
IMPORTANTE
- Babahoyo cuenta con 2 juezas especializadas en materia de violencia.
- Las unidades judiciales multicompetentes de los diferentes cantones tienen competencia para conocer los delitos y contravenciones en materia de violencia intrafamiliar.
- En Babahoyo, estos casos son atendidos en la Unidad Judicial Especializada en Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.
- La Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer establece competencias para los tenientes políticos a fin de otorgar medidas administrativas a favor de la víctima de violencia en el área rural. (I)
