En medio de la huelga de hambre que realiza un grupo de maestros jubilados para exigir el pago de sus incentivos jubilares, el Gobierno presidido por Lenín Moreno busca diferentes mecanismos para pagar los valores pendientes.
De acuerdo al secretario particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, el Gobierno analiza pedir “un apoyo extra a los ecuatorianos para pagar a los maestros jubilados”.
«Es posible, que tengamos que hacer un esfuerzo extra, un esfuerzo entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional para pedirles a los ecuatorianos un apoyo directo para poder pagarle a los jubilados», explicó Roldán, este 31 de julio de 2019.
Además, resaltó que en esta ocasión los ecuatorianos tendrán la seguridad de que los recursos irán para el fin solicitado, «porque este Gobierno ha demostrado total transparencia”.Según justificó el funcionario, hasta ahora se ha cancelado $670 millones a más de 12.000 jubilados, y culpó al gobierno anterior liderado por Rafael Correa, de haber dejado una deuda de $12.000 millones, que afectó a 23.000 jubilados.
Y agregó, «lamentablemente ese chuchaqui que estamos viviendo de la farra correísta, es un chuchaqui que todos los días nos saca dinero de los bolsillos a los ciudadanos comunes y que les complica la vida a la gestión pública, al ministro de Economía (Richard Martínez) para poder hacer los pagos».
En Quito, Guayaquil y Cuenca se han realizado protestas por la falta de pago. En los exteriores de la Asamblea Nacional, unos 30 maestros jubilados cumplen una semana en huelga de hambre y los estragos se empiezan a sentir. Uno de los manifestantes sufrió un quebranto en su salud y fue llevado a un hospital de la localidad.
Por su parte, el Ministerio de Economía y Fiananzas propone que el 60% del valor presupuestado ($350 millones) se pague con bonos, es decir, $240 millones. Mientras que, los jubilados reclaman que el incentivo jubilar sea pagado en efectivo.En una reunión que mantuvieron, Alfonso Yánez, presidente de la Coordinadora de maestros jubilados, y el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, se intentó buscar una solución, pero no hubo consensos. De allí que el asambleísta Homero Castanier, presidente de la comisión ocasional que vigila el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados, informó sobre una posible ley solidaria con contribuciones ciudadanas, planteada por el Ejecutivo, similar a la normativa aprobada luego del terremoto del 16 de abril de 2016. (I)
