El pago de $ 100.000 y el cierre de la congregación Oasis de Esperanza no se ejecutarán de inmediato. La sentencia debe emitirse por escrito y luego ejecutoriarse.
El cierre de la iglesia evangélica Oasis de Esperanza no se ejecutará hasta que haya una sentencia en firme. Esa fue la advertencia de Mayra Soria, fiscal de la causa que atendió el caso de desaparición de Juliana Campoverde.
El miércoles último, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha emitió una sentencia de 25 años de prisión contra el pastor evangélico Jonathan C., por el delito de plagio con resultado de muerte de la joven.
El guía religioso fue procesado tras comprobarse la desaparición de Juliana, el 7 de julio de 2012. El fallo -que dispuso una reparación económica de $ 100 mil para la familia de la víctima- también ordenó una medida de reparación simbólica con el cierre de la iglesia Oasis de Esperanza, en donde Jonathan C. fue líder religioso.
La clausura fue solicitada por Fiscalía y la acusación particular. Soria reconoció que antes de que se efectúe tal disposición, se tienen que cumplir recursos legales.
Primero se esperará que los jueces notifiquen la sentencia por escrito, lo que tardaría entre 10 y 15 días. El miércoles se dictó el fallo en forma oral y pública, al término de la audiencia.
Luego de ello, los abogados determinarán las acciones a tomar. Paúl Ocaña, abogado de Jonathan C., advirtió ayer que impugnará la sentencia. Dijo que cuando le notifiquen, tendrá tres días para presentar los recursos de aclaración y ampliación o la apelación.
El fallo causó una reacción inmediata en los representantes del cuerpo de la iglesia evangélica. Estuardo López, presidente de la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana, está de acuerdo con la sanción a Jonathan C. porque en materia legal se demostró su responsabilidad. “Se debe sancionar a los culpables”.
No obstante, cuestionó el cierre del centro de oración. Según López, de ejecutarse la medida se aceptaría que todos los fieles de la iglesia son culpables. “Se crearía un antecedente nefasto para que cualquier juez crea que tiene la facultad de cerrar una iglesia”.
El presidente de la Confraternidad dijo que se debe vigilar la salida de los malos elementos, pero eso no es motivo para cerrar dichas entidades.
“Las instituciones no son culpables. Sí son los individuos quienes han cometido delito, como el caso del pastor de esa Iglesia; hay que sancionar y eso fue lo que se hizo”, dijo.
López advirtió que en este momento están realizando una consulta con sus abogados. “Si es pertinente vamos a presentar un recurso para solicitar que no se cierre la iglesia, porque de clausurarse se atentaría contra la libertad de culto, que es importante que se mantenga en nuestro país”.
Los magistrados resolvieron que para el cierre definitivo de la iglesia Oasis de Esperanza se presentará un oficio al organismo rector de la iglesia Evangélica Cuadrangular Vicente Muñoz.
López advirtió que en los próximos días hablará sobre el caso con el titular de ese centro para analizar la situación. Diario EL TELÉGRAFO buscó la versión del actual pastor de la iglesia Oasis de Esperanza, pero en un recorrido se constató que ayer no había atención al público.
Agentes de la Unidad de la Policía Comunitaria (UPC) del sector Biloxi señalaron que realizaron rondas en la zona y no se registraron novedades. Los agentes advirtieron que en el local no se ha observado movimiento de personal.
Cuerpo no aparece En tanto, Absalón Campoverde, padre de la joven desaparecida, admitió que no están del todo convencidos de la sentencia. Advirtió que si bien su abogado pidió la pena máxima para el pastor evangélico, no ha prevalecido la justicia porque “todavía no se localiza el cuerpo de su hija Juliana”. (I)
