Quito.- En efecto, el Pleno tiene previsto retomar la sesión 565, con el propósito de continuar con el primer debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), así como conocer la propuesta de resolución por la cual se dispone la comparecencia de Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, para que informe a la Asamblea y al pueblo ecuatoriano sobre el impacto de las medidas económicas adoptadas por el Gobierno Nacional, en diciembre pasado.
Según la convocatoria de Elizabeth Cabezas Guerrero, presidenta de la Legislatura, la sesión se reinstalará a partir de las 10h00.
Durante el inicio del primer debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal, hace once días, los legisladores profundizaron en temas de mayor preocupación como los delitos a la integridad sexual y reproductiva en contra de niños, niñas y adolescentes; aborto no punible; lucha contra la corrupción e infracciones.
Los asambleístas enfatizaron en la necesidad de otorgar herramientas necesarias para la lucha eficaz contra la corrupción e impunidad, así como fortalecer el rol del Estado en su deber primordial de garantizar la vida y los bienes de los ciudadanos.
Entre otros aspectos, las reformas abarcan 14 aspectos de relevancia, 82 observaciones de asambleístas, academia y organizaciones sociales.
Nueva sesión
Mientras, para las 14h30, está convocada la sesión 568, con la finalidad de conocer la Resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL), de 10 de enero 2019, por la cual se avoca conocimiento de la denuncia bajo juramento del asambleísta Ronny Aleaga Santos, en contra de la legisladora Ana Galarza y solicitud de investigación, califica dicha solicitud y determina que el Pleno conforme una Comisión Multipartidista de Investigación del caso denunciado, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
También, tramitará en primer debate el proyecto de Ley Orgánica Anticorrupción y Protección al Denunciante, de iniciativa del Ejecutivo, que entre otros objetivos, define acciones integrales, compartidas, articuladas y conjuntas en la lucha contra la corrupción, entre las entidades públicas y los ciudadanos, desde todos los ámbitos, sean civiles o administrativos, adicionales a las que, por mandato constitucional y legal, le corresponden a la Fiscalía General para investigar delitos.
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado decidió remitir el texto íntegro de la propuesta, tal como fue presentado por el Presidente de la República, para que sea el Pleno quien observe el articulado necesario para corregir, mejorar o incorporar temas, en un ejercicio de debate plural y transparente.
Así mismo, en la agenda consta el proyecto de resolución sobre el pago de pensiones vitalicias a exmandatarios de la República, auspiciado por el asambleísta Marcelo Simbaña, por el cual se insta al Consejo de Administración Legislativa (CAL) priorice el tratamiento de los proyectos de ley que se han presentado respecto de la supresión de este beneficio a exfuncionarios involucrados en actos de corrupción.
