91 votos se sumaron para la destitución de Ana Galarza, y el expediente de su caso pasará a la Contraloría para que indague a su esposo y asesores. En el último minuto, Homero Castanier intentó que la bancada de SUMA cambiara de posición.
El coordinador de CREO, impulsado por sus compañeros, se acercó hasta el sitio donde charlaban Guillermo Celi, Héctor Muñoz y Gabriela Larreátegui. Evidentemente quería persuadirlos, pero la respuesta de Celi fue clara.
Ellos votarían por la destitución de Ana Galarza y así lo hicieron. Los seis legisladores de SUMA, antes aliados incondicionales de CREO, se sumaron a Alianza PAIS, Revolución Ciudadana, PSC e independientes para sacar a Galarza de la curul 103.
El futuro de la exlegisladora se definió desde el pasado miércoles. En el Parlamento no cayeron bien sus amenazas de desatar un tsunami de denuncias contra otros legisladores, periodistas y funcionarios del Gobierno.
Esas declaraciones unieron a las fuerzas políticas más disímiles de la Asamblea, que sumaron 91 votos para destituirla. Por eso, dos de los legisladores más fuertes de CREO, Patricio Donoso y Fabricio Villamar, dejaron que las cosas sucedieran como lo anticipó Ronny Aleaga, legislador de Revolución Ciudadana y quien presentó la demanda contra Galarza.
Villamar, quien fue el primero que reveló los casos de cobros ilegales a asesores legislativos, no se levantó de su curul en la reunión. Mientras que Donoso se acercó a Galarza para decirle que sería la quinta que participaría en la sesión y a renglón seguido le guiñó un ojo. Los votos en verde son de la mayoría conformada por Alianza PAIS, PSC, SUMA, RC e independientes.
Por una hora, la exasambleísta conversó con sus colegas y leyó la defensa que presentaría en el pleno, mientras tomaba agua mineral y comía papas fritas. El debate arrancó con el asambleísta de Unidos por Pastaza, Rául Tello, quien presidió la comisión investigadora. Su discurso fue el único con altos decibeles y con encontrones con el legislador Juan Cárdenas, de Revolución Ciudadana.
Él sostuvo que Galarza no gestionó ningún cargo, eje principal de la demanda, para su exasistente, Lenín Rodríguez. Aseguró que lo que intentaban era mejorar los índices de aceptación de la Asamblea, pero que “lo que conseguirán será convertir a la Legislatura en un circo romano y pronto seguirán rodando más cabezas”.
Desde ese momento, los discursos fueron poco emotivos. Incluso, el de Ana Galarza fue austero. Ella había acostumbrado al pleno a discursos explosivos, como aquel cuando imitó los dichos de su excolega Norma Vallejo la noche en que fue destituida. Pero el jueves 7 de febrero Galarza fue otra. Hizo la mayor parte de su defensa con una pose diferente, con sus brazos al frente y con sus dedos entrelazados.
Ella negó que haya gestionado cargos públicos, pero reconoció que cometió un error al permitir que su esposo, Francisco Sevilla, utilizara la tarjeta de acceso a la Asamblea de su asesora Carmen Alvarado. Pidió disculpas a la Asamblea y al país, y aseguró que aceptaría la sanción administrativa que se le impusiera.
La mayoría del pleno no creyó en sus palabras. El demandante Ronny Aleaga preparó una resolución de 14 páginas, donde no solo incluyó el mal uso de la credencial legislativa, sino también evidencias de un supuesto enriquecimiento ilícito, al beneficiarse de los pagos que le hacían sus asesores. Además sostuvo que permitió a su esposo, quien presuntamente se hacía pasar como su asesor, arrogarse funciones.
Recalcó que en el despacho de Galarza hubo otras irregularidades, como la presunta falsificación de reportes de asistencias para el pago de sus asesores, como ocurrió con Omar Mayorga y Carmen Alvarado.
Para ello, el legislador demandante exigió no solo que Galarza fuera separada del Parlamento, sino que el expediente de la investigación sea enviado a la Contraloría para se investigue a sus dos exasesores y a su esposo. 91 votos ratificaron su destitución.
Galarza dejó el pleno junto a
sus excolegas Castanier, Pachala, Yépez y Cruz. No quería hablar con la prensa,
se fue del salón de sesiones por la puerta occidental y se dirigió directamente
al parqueadero. Villamar sí habló con los reporteros y dijo que fue una
decisión injusta y que el país perdió a una fiscalizadora.
Fuente: El Telégrafo
