La reducción de las desigualdades será un tema central de los próximos cuatro años.
La calidad de vida y las oportunidades tanto educativas, sociales y económicas se reducen en más del 60% cuando el ingreso familiar es menor a un Salario Básico Unificado (SBU).
Según el último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre Ecuador, el 30% de las familias subsisten con hasta $9,3 al día o $279 mensuales, es decir, $121 menos que el SBU vigente.
Antes de la actual crisis, el 30% de las familias alcanzaba los $339 al mes, es decir, su presupuesto se redujo un 18%.
Por el otro lado, el 30% de las familias más ricas tiene ingresos promedio de casi $1.800, lo que representa 5 veces más que los sectores menos favorecidos del país.
Guillermo Lasso dijo, durante su discurso inaugural como presidente, que los empresarios y quienes han tenido más oportunidades económicas deben aportar más para salir de la crisis. “Mientras como país no podamos ayudar a los más pobres, este Gobierno no podrá ayudar a los más ricos”, aseguró el primer mandatario.
En otras palabras, la reducción de las desigualdades será un tema central de los próximos cuatro años; pero el Estado tiene un acotado campo de acción para comenzar a revertir esa realidad sin ponerle más presión a la golpeada economía.
IVA versus impuesto a la riqueza
Napoleón Santamaría, socio en Santamaría Abogados y docente universitario, explicó que, en la actual situación de crisis, el Gobierno solo tiene tres opciones para aumentar sus ingresos e invertir más en protección social y sectores prioritarios (salud y educación), para Santamaría el país debe: reducir la evasión tributaria, eliminar exenciones y crear un impuesto a la riqueza.
Con este último se podría recaudar alrededor de $1.050 millones al año. Ese monto es equivalente al incremento del 2% del IVA incluida en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Se debe evaluar que es mejor, si meterle dos puntos de IVA a todos ecuatorianos o un impuesto a la riqueza a pocas personas”, acotó Santamaría.
De acuerdo con un estudio de la banca de inversión Credit Suisse, 11.000 personas y empresas serían gravados con ese impuesto en el país. La tasa sería del 1% al 2,5% sobre patrimonios de $1 millón o más.
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), ha expresado que no se debe pedir más contribuciones a los sectores medios o pobres, que son los más golpeados por la crisis.
Así, a la par de que se trabaja en soluciones de largo plazo como más oportunidades laborales de calidad, se deben reducir inequidades por dos vías: gasto público más eficiente e impuestos a los que más tienen.
