La organización de la elección de segunda vuelta prevista para el 11 de abril está enfocada también en modificar acciones biosanitarias para los miembros de las juntas receptoras del voto (JRV) y los electores.
Una de ellas es volver a realizar las pruebas rápidas para la detección del COVID-19 a los integrantes de las mesas de votación, para evitar contagios.
Fueron 277.263 personas seleccionadas como miembros de las JRV para el 7 de febrero y serán los mismos los que participen el 11 de abril, en la segunda vuelta electoral por la Presidencia de la República.
De ese total de miembros, se desconoce cuántos se realizaron las pruebas de antígeno.
Pero sí se conoció que unas 3.000 personas fueron aisladas al someterse a la prueba, lo que incidió en contener los contagios. Es más, la evaluación del Ministerio de Salud fue que después de los comicios no se observó un incremento de casos positivos.
La Secretaría de Salud habría adquirido 280.000 pruebas para aplicar a los ciudadanos, que fueron gratuitas y estuvieron disponibles en 1.976 centros de salud a nivel nacional.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, dijo que solicitará al ministerio que se apliquen nuevamente estos exámenes a estos actores uno o dos días antes de las elecciones del 11 de abril, porque fue una medida positiva que ayudó a “disminuir el riesgo de contagio”.
Su análisis fue parte de una evaluación de las votaciones de la primera vuelta, que se realizó el fin de semana último, en conjunto con el titular del Comité de Operaciones de Emergencia, Juan Zapata, y delegados de los ministerios de Salud Pública y de Educación.
Entre otras acciones, también se solicitará a los miembros de las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que faciliten el acceso de los electores a los recintos electorales.
El objetivo es evitar filas y aglomeraciones en los exteriores de estos sitios de votación, como ocurrió en las primeras horas de la mañana del 7 de febrero.
Otro aspecto que están evaluando es el estado de los recintos electorales, sobre todo en poblaciones de la Costa y Sierra que están siendo afectadas por las lluvias y la caída de ceniza del volcán Sangay.
Atamaint estuvo ayer en Manabí y observó que unos 40 recintos estaban afectados por el clima, por lo que se dispondrá, después de una plenaria con los cinco consejeros, habilitar nuevos lugares de votación.
En tanto, respecto de la proclamación de resultados de los comicios del 7 de febrero en la dignidad de asambleístas nacionales, el pleno del Consejo en una sesión de la noche del lunes aceptó parcialmente una objeción planteada por la alianza Unión por la Esperanza (UNES).
Con ello, se dispuso la verificación de ocho actas de escrutinio en las que existirían inconsistencias numéricas y falta de firmas, en las juntas provinciales de El Oro, Guayas, Manabí y Orellana, que procederán a abrir los paquetes electorales para hacer un recuento de votos.
Se negó un recurso de objeción presentado por el candidato a asambleísta nacional Abdalá Bucaram, del Partido Fuerza Ec, que presentó en contra de la resolución con la que se proclamaron los resultados definitivos de esa dignidad.
También se negó un recurso de objeción que presentó Marlon Santi, coordinador nacional del movimiento Pachakutik (PK), en contra de los resultados numéricos de la elección de asambleístas en el exterior por la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía. El recurso se habría presentado de forma extemporánea.
Los sujetos políticos pueden acudir hasta el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para presentar recursos subjetivos en contra de la proclamación de resultados que realizó el Consejo Electoral. (I)
