A tres semanas de la masacre ocurrida en el interior del Centro de Rehabilitación Social de Turi las investigaciones avanzan, aunque con algunas trabas por la falta de testimonios que ayuden a determinar cómo se originó el brutal asesinato de 33 personas privadas de la libertad.
Aunque aparentemente la calma volvió al centro carcelario y no se han escuchado nuevas alertas de amotinamientos, el fiscal de Azuay, Leonardo Amoroso, contó que no hay procesados, por lo que todo sigue en una etapa de investigación previa con carácter de reservada.
Una de las limitaciones que han tenido es la falta de testimonios presenciales. Dijo que desde el pasado 23 de febrero, los reos guardaron silencio por un “código” que existe entre ellos, pero luego de algunos días la gran mayoría de ocupantes del Pabellón de Máxima Seguridad B fueron trasladados a otras provincias por temas de seguridad.
Ahora les queda revisar las filmaciones que se hicieron con las cámaras de videovigilancia del centro, las del ECU-911 y del dron del Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana para “sacar las identificaciones de las personas que ahí salen”.
Días después de la masacre, el director de la cárcel, Rómulo Montalvo, renunció a su cargo.
El exfuncionario indicó que uno de los limitantes para ofrecer un proceso de rehabilitación a los internos es la falta de presupuesto.
También detalló el déficit de personal en dicho centro. Explicó que para custodiar a más de 2.500 internos cuentan únicamente con 95 agentes se seguridad penitenciaria divididos en tres turnos de 20 cada uno. Los mismo que aparte de vigilar deben salir a audiencias judiciales o chequeos médicos con los privados de la libertad. “Si no se tiene una reestructuración, una infraestructura nueva y recursos será muy difícil”, afirmó.
A todo esto, sumó la destrucción del 60%del sistema de vídeo vigilancia, equipos tecnológicos, garitas y puertas que hasta su salida se los estaba refaccionando.
Por su parte, el general Fausto Olivo, director de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida y Muertes Violentas (Dinased), acotó que una vez que recuperó el control de las cárceles de Azuay, Cotopaxi y Guayas se mantendrán vigilantes en la zona exterior como un apoyo a la gestión que realiza el Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI).
Otro dato que se reveló desde la Dinased fue que de los 34 muertos en el Centro de Rehabilitación Social de Turi, la mañana y tarde del 23 de febrero, 33 fueron durante el motín y uno por causas diferentes, que se las sigue investigando. (I)
