Las autoridades apuestan por hacer cambios rápidos a través de normativa secundaria y ampliar el espectro de representación en el Consejo de Trabajo y Salarios.
El Código del Trabajo y todo el sistema de contratación, luego de las 110 reformas hechas desde finales de los años treinta, sigue enfocado en preservar los derechos de las personas con un empleo adecuado y todos los beneficios de ley; pero en el Ecuador actual, con más de 6,3 millones de desempleados e informales, se necesita un enfoque distinto y cambios urgentes.
Andrés Isch, ministro de trabajo, reconoce que en los pocos meses que le quedan al Gobierno no se podrá avanzar en una reforma integral del Código, por lo que la apuesta es ver qué se puede hacer a nivel de legislación secundaria, es decir, a través de acuerdos ministeriales, para “de manera muy rápida quitar las barreras que están impidiendo el paso a la formalidad”.
En este sentido, la labor que está haciendo esa cartera de Estado es cruzar datos entre aquellas actividades que más rápidamente están generando empleo, como agricultura y comercio, y otras que siguen teniendo una fuerte caída como Turismo. El objetivo principal es identificar cuáles modalidades de contratación han funcionado y cuáles no. Con eso, no solamente se busca armar esa normativa secundaria, sino también depurar el sistema de decenas de modalidades que no sirven y que tienen cero contratos registrados desde hace varios años.
Fidel Jaramillo, experto en derecho laboral, coincidió con que es viable esa apuesta porque el artículo 23 del Código del Trabajo permite cambios para regular relaciones de trabajo especiales. “Necesitamos generar un segundo régimen para el 83% de los ecuatorianos que necesitan integrarse al aparato productivo formal”, aseguró.
Así, se podría reglamentar sistemas especiales para los sectores más afectados por la crisis como jóvenes, emprendedores, mujeres y personas entre 40 y 50 años, que perdieron sus trabajos y tienen pocas posibilidades de reingreso al mercado laboral en las actuales condiciones.
Nuevo sistema de toma de decisiones
El Consejo del Trabajo y Salario, que es el órgano oficial para consensuar las principales reformas a la normativa laboral, solo tiene representantes de los sectores tradicionales: gremios empresariales y sindicatos de trabajadores.
Según el ministro Isch, ese sistema es obsoleto y no refleja la realidad actual, por lo que se debería incluir a los desempleados, los empleados informales, mujeres y jóvenes.
“Si no tomamos medidas ahora, de aquí a seis meses estaremos eligiendo presidente, pero seguramente solo con un 10% de ecuatorianos con empleo formal, lo cual nos convierte en una sociedad casi inviable”.
Buscar la flexibilidad
En este contexto, las medidas acordadas en ese Consejo, hasta finales del año pasado, no se aplicarán, ni se incluirán en ninguna propuesta de ley, hasta que se amplíe el debate. Por tal motivo, temas como el contrato de emprendimiento y nuevas inversiones o la modificación del esquema de jubilación patronal, se convertirán en insumos para nuevas propuestas.
“Hay que caminar hacia un proyecto de país que no necesariamente busque todas las reformas que quisiéramos, pero sí las suficientes para ir dando pasos importantes”, aseveró Isch.
Lorena Ramírez, joven microempresaria, comentó que la meta de la sociedad en su conjunto es que más personas tengan una fuente formal de ingresos. “No se trata de precarización, sino de inclusión laboral. La flexibilidad no es mala si las reglas están claras y se cumplen. El Estado no solo debe controlar, sino sobre todo facilitar la creación de empresa y la generación de empleo”, acotó.
