La deportación masiva de extranjeros a su país de origen está prohibida en la Constitución, por lo que la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea trabaja en una propuesta de enmienda constitucional.
En los dos últimos incisos del artículo 66 de la Constitución se prohíbe la expulsión de colectivos de extranjeros. Los procesos migratorios deberán ser singularizados.
Además ordena que “las personas extranjeras no podrán ser devueltas o expulsadas a un país donde su vida, libertad, seguridad e integridad o la de sus familiares peligren…”.
Estos textos, según el presidente de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, Fernando Flores, impiden actuar frente a los anuncios de deportaciones masivas, por lo que anunció que la comisión recomendará una enmienda.
Al momento, la comisión elabora el informe de primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Humana, para modificar 110 de los 156 artículos de la normativa.
Respecto a la exigencia del Ejecutivo de aprobar las reformas para dar paso a la deportación de extranjeros que delinquen en el país, Flores dijo que en la actual Ley de Movilidad hay artículos que prevén la expulsión y deportación de ciudadanos extranjeros que incumplan con la ley.
Aclaró que la propuesta de reforma del Ejecutivo no plantea mecanismos para la deportación inmediata; por lo que la comisión legislativa trabaja en una reforma para que la deportación de personas extranjeras que sean detenidas en flagrancia sea inmediata.
Al referirse al caso del ciudadano venezolano que asesinó a una ecuatoriana de la tercera edad en Quito, Flores explicó que el individuo puede ser condenado a 25 años de prisión, pero la actual ley determina que si cumple cinco años de condena será expulsado del país, en este caso a Venezuela, con el que no hay convenio para que los sentenciados terminen de cumplir su condena en su país de origen.
“Si estamos buscando garantizar la expulsión o la deportación de ciudadanos extranjeros que delincan en nuestro país nos va a tocar hacer una entienda constitucional”, insistió.
La Comisión de Fiscalización anunció acciones de control sobre el trabajo que desarrollan los ministerios de Gobierno y de Relaciones Extranjeras respecto a la “generosa recepción de extranjeros que han llegado a delinquir”, dijo Eliseo Azuero (BADI), quien anticipó que llamará a los funcionarios del Gobierno. (I)
Fuente: El Universo
