Quito.- El Pleno de la Asamblea, con el voto afirmativo de 114 legisladores, resolvió brindar las facilidades para que la Contraloría y la Fiscalía del Estado realicen las investigaciones necesarias, dentro del ámbito de sus competencias, para esclarecer los hechos denunciados sobre supuestos pagos de servidores legislativos.
También exhortó a que los asambleístas que conozcan presuntos actos de corrupción, relacionados con la información recogida en los medios de comunicación, denuncien de manera inmediata, observando los procedimientos determinados en los artículos 163 y 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que guarda relación con la prohibiciones y el trámite para las sanciones de los asambleístas.
Así mismo, rechazó toda información infundada tendente a mancillar o menoscabar su buen nombre y prestigio, el de sus autoridades, asambleístas, personal administrativo y legislativo que con su trabajo contribuyen diariamente al desarrollo del país.
Solicitó a la ciudadanía que tenga conocimiento de actos de corrupción que presente las respectivas denuncias ante la Fiscalía General del Estado.
La Asamblea garantizará los derechos laborales de los servidores administrativos y legislativos que presenten denuncias sobre actos de corrupción relacionados con este caso, a fin de evitar retaliaciones.
La resolución fue aprobada considerando que la Constitución determina que ningún servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos.
También se consideró que el Código Orgánico Integral Penal determina quienes están obligados a denunciar por expreso mandato de la Ley, en especial, la o el servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de la comisión de un presunto delito contra la eficiencia de la administración pública.
Debate
En el debate de la resolución, asambleístas de diversas bancadas políticas felicitaron la propuesta. «Este es un tema de principios; es necesario definir los mecanismos necesarios para combatir las malas prácticas, que vienen desde décadas pasadas», expuso Jeanine Cruz.
Por su lado Luis Fernando Torres precisó que se debe encarar el problema de manera frontal con contundencia y claridad. La ciudadanía espera respuesta inmediata y, por ello, el Consejo de Administración Legislativo aprobó ayer esta resolución, dijo.
Mientras que Elio Peña, enfatizó en la necesidad de motivar a los servidores públicos que denuncien con firmeza.
La resolución da las garantías del caso a los funcionarios que quieran denunciar dentro del marco de la Constitución y la Ley. Hemos demostrado con leyes nuestro compromiso de lucha contra la corrupción», sostuvo Guillermo Celi.
