En Ecuador, los embarazos adolescentes son uno de los principales problemas sociales.
Representantes de organizaciones por los derechos de la mujer de Ecuador rechazaron este martes el recorte total para proyectos de prevención de embarazos en adolescente, como se desprende del proyecto de presupuesto para 2020 entregado por el Gobierno a la Asamblea Nacional.
Durante una rueda de prensa, la directora ejecutiva de la organización feminista Surkuna, Ana Vera, calificó este recorte presupuestario de ineficaz porque, a su criterio, «invertir en la prevención de embarazos en adolescentes, en educación, en salud sexual y reproductiva es incluso 17 veces más barato que luego tratar estos embarazos no deseados».
Vera resaltó que se requieren aproximadamente 472 millones de dólares para «trabajar de manera efectiva en prevención y atención de todo lo que sucede en salud sexual y reproductiva en este país».
Según ella, eso se desprende de las cifras difundidas en un informe sobre «Costos de Omisión en Salud Sexual y Reproductiva en Ecuador», elaborado por el Ministerio de Salud en 2017.
La directora recalcó que la prevención de los embarazos adolescentes es crucial en la reducción de la pobreza en Ecuador, pues «las niñas tienen que dejar el colegio, luego acceder a trabajos precarios» y, así, se reproduce «un círculo de pobreza que debería poderse romper».
En Ecuador, los embarazos adolescentes son uno de los principales problemas sociales, ya que dos de cada diez partos son de menores de edad y, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), cuatro de cada diez mujeres tuvieron su primer hijo en la adolescencia.
Este es un problema que afecta, no solamente a Ecuador, sino a toda América Latina y el Caribe, pues es la única región donde el número de partos de niñas menores de 15 años ha aumentado, añadió la experta.
Por su parte, el director del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos, Octavio Miranda, explicó que el embarazo adolescente acarrea un «grave problema» adicional, pues van acompañados de otras complicaciones como «amenazas de parto prematuro, sangrados, abortos y abortos clandestinos» que generan peligro de muerte.
Miranda pidió incrementar el presupuesto y «respetar» el Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva que se implementó en 2017.
Además, la exdirigente del Programa de Prevención del Embarazo Adolescente Susana Guijarro pidió al Estado que demuestre el «compromiso» en la garantía de derechos para los adolescentes, refiriéndose a la violencia de género y la alta tasa de embarazos no deseados en menores.
