El proyecto de Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria, propuesto por el ejecutivo, atravesó el primer debate de la Asamblea Nacional con múltiples críticas. Uno de los principales puntos que genera preocupación en la sociedad civil está relacionado con el artículo 35 de esta normativa, cuya disposición eximiría a los productores de cerveza artesanal de los mecanismos de marcación y control y un recorte en la tarifa de Impuesto al Consumo Especial (ICE), en caso de ser aprobada.
En el primer debate de este proyecto de ley, el legislador Eliseo Azuero explicó los riesgos de esta medida. Además, calificó de «caprichosa» la decisión de eximir a los productores de cerveza artesanal del SIMAR (Sistema de Identificación, Marcación, Autentificación y Rastreo), del Servicio de Rentas Internas (SRI).
Para el asambleísta, adoptar esta disposición puede traer retaliaciones y generar una disminución en la recaudación. Según cifras del SRI, el sistema SIMAR permitió un aumento del 528% en la recaudación ICE en el sector de la cerveza artesanal y un incremento del 753% en el registro de contribuyentes desde el inicio de las operaciones en 2017, pasando de 19 contribuyentes registrados a 162 en la actualidad.
La eliminación de los mecanismos de marcación no solo representa un retroceso para este sector con el retorno de la informalidad y la disminución de la recaudación, también significa riesgos y pérdidas en términos de salud pública. Francisco Plaza, coordinador de la Fundación Médica contra Ruidos, Ambientes Contaminantes, Drogas y Tabaquismo (Fumcoradt), explica que la exclusión de la cerveza artesanal de estos controles expondría a los consumidores a productos falsificados o adulterados.
Por otra parte, señala que lo correcto sería extender la marcación a licores, cervezas y cigarrillos importados. «El objetivo del gobierno debería concentrarse en cerrar las brechas de control. Estos productos son perjudiciales para la salud. Solo causan graves daños en las personas, en las familias. Disminuir el control ni siquiera debería ser considerado como una opción», enfatiza Plaza.
El Ejecutivo, en reuniones con la Asociación de Cerveceros Artesanales, planteó estas medidas, como un incentivo para este sector en crecimiento, otorgándole más importancia al factor económico. Sin embargo, esta decisión contradice la potestad de fiscalización del SRI, que señala la capacidad de definir mediante resolución los productos que desea controlar con mecanismos como el SIMAR.
Para el galeno, el trato diferenciado para la cerveza artesanal podría estimular a que otros sectores soliciten algo similar, como la industria tabacalera o licorera. «Esta situación provocaría un retroceso enorme en las políticas sanitarias del Ecuador. El estado pierde cantidades incuantificables de dinero para tratar adicciones. El objetivo debería estar dirigido a establecer un «control total» de estos productos, tanto de producción nacional como importados, y aumentar progresivamente los impuestos, para disminuir su consumo», señala el médico.
En este aspecto coincide la Alianza Anti Tabaco del Ecuador. La organización señaló que estará «vigilante» frente a la propuesta de Reforma Tributaria. Esta decisión fue adoptada, debido a la propuesta de reducir el ICE a los cigarrillos (de USD 0,16 por cigarrillo a USD 0,09), que quedó plasmada en el informe aprobado para segundo debate de la Ley de Crecimiento Económico, que fue negada por la Asamblea el pasado 17 de noviembre de 2019.
«Solicitamos se mantenga o aumente el ICE a cigarrillos en USD 0,16 por unidad, descartando la posibilidad de reducir el impuesto», manifestó la organización en su cuenta de Twitter.
Además, la Alianza Anti Tabaco hizo hincapié en que se grave con un impuesto igual a los cigarrillos electrónicos y productos con tabaco calentado, para los cuales el proyecto de reforma tributaria solo contempla una tarifa de ICE de 50%, mientras que para el tabaco normal y sus derivados se establece una tarifa de ICE de 150%.
A nivel internacional, el país es reconocido por las políticas que aplica para el control del tabaco y cerveza, entre ellas las restricciones al consumo, la carga de impuestos y por los sistemas de marcación y control.
La aplicación de estos sistemas es reconocida como una buena práctica pública y es recomendada por organismos internacionales con la OMS, el FMI y el Banco Mundial, cuyo objetivo es la protección de la salud de los consumidores, la protección de los recursos fiscales y la competencia leal entre agentes económicos.
Según los expertos, la nueva ley de reforma tributaria destruye los avances logrados en materia sanitaria, tributaria y económica. «El daño provocado por este proyecto de ley es integral. Todos salimos perdiendo, pero la mayor afectación recae sobre la salud de los ecuatorianos», concluye Francisco Plaza. (I)
