Quito.- La atención profesional de jóvenes mujeres gestantes sumada a los costos derivados de problemas sociales como la deserción escolar significan hasta $ 331 millones anuales de inversión estatal. El Ministerio de Salud dice que cuando una menor se embaraza, el círculo de pobreza se acentúa en la sociedad.
Una de las problemáticas más graves que se presentan en la sociedad actual es el embarazo en adolescentes. A nivel mundial, América Latina y el Caribe se ubican en segundo lugar con la tasa más alta con respecto a este fenómeno, superados solo por África Subsahariana.
En la región, Ecuador se ubica tercero, luego de Nicaragua y Honduras. Marcela Masabanda, coordinadora de la Gestión de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, asegura que el problema trasciende de lo social a lo económico. “La prevención de los embarazos no intencionados le cuestan al Estado entre $ 11 y $ 24 millones (al año).
La atención netamente le cuesta $ 67 millones, pero cuando son embarazos adolescentes, el costo sube a $ 331 millones porque el 96% de esta cantidad representa pérdidas sociales por deserción escolar”, reveló con base en estudios.
Anualmente el Estado destina $ 14,34 millones en atención médica en lo referente a madres embarazadas. Si con una adecuada prevención se evitara el gasto en atenciones de cuidados obstétricos, personal médico calificado, planificación familiar y aborto, el Estado ahorraría $ 472 millones, según un estudio realizado en 2015 sobre los costos de Omisión en Salud Sexual y Reproductiva en Ecuador
Mario Vergara, representante nacional del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), dijo que atender un embarazo no intencionado en general le cuesta al país $ 612 diarios, mientras que prevenirlo vale $ 114. Por ello señala: “$ 1 invertido en salud sexual y reproductiva implica 17 veces más ahorro al Estado en cuanto a futuras inversiones”.
Fuente: El Telégrafo
